Greenpeace identifica 29 puntos negros en su primera radiografía social del medio ambiente en Baleares

Greenpeace ha identificado 29 puntos negros en su primera radiografía social del medio ambiente en Baleares y seis iniciativas y políticas verdes. Entre los primeros destaca la contaminación de la incineradora de Son Reus, la destrucción de la costa de Calvià, los cultivos transgénicos, la central térmica de Cas Tresorer o la cementera de Lloseta.

La entidad ha presentado este miércoles el informe Radiografía social del medio ambiente en España, un estudio en el que señala, comunidad por comunidad, más de 400 puntos negros del país así como 214 ejemplos positivos a seguir.

En Baleares destaca que la incineradora de Son Reus es una instalación que refleja el "sucio negocio de la quema de residuos y que pretende perpetuar un modelo obsoleto e insostenible de gestión".

Además, otros de los puntos negros destacados son las centrales térmicas de Alcúdia, Mahón e Ibiza, la especulación urbanística, la destrucción de la costa de Sant Lluís (Menorca) y de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza) o la desprotección de la costa de diferentes islas. En contrapartida, remarcan que Baleares es la comunidad con mayor porcentaje de superficie dedicada a la agricultura ecológica.

"DURAS CONSECUENCIAS SOCIALES" DE LAS AGRESIONES AL MEDIO

Además, en el informe la entidad por primera vez realiza una radiografía que refleja las "duras consecuencias sociales" que tienen las agresiones al medio ambiente. De igual modo, se ponen en valor los impactos positivos que conllevan las políticas medioambientales positivas.

De esta manera, ha establecido el vínculo entre las "infraestructuras inútiles" y los escándalos por corrupción y el despilfarro de dinero público, así como entre una política energética dictada por las eléctricas y las enfermedades y pobreza energética, o entre la gestión forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales.

"Esta radiografía permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y es la ciudadanía quien sufre las consecuencias", ha declarado la directora de Campañas de Greenpeace, María José Caballero. "Es necesario que los dirigentes políticos reviertan la situación y apuesten por modelos económicos y sociales respetuosos con el medio ambiente porque las evidencias demuestran que lo contrario tiene graves consecuencias para la ciudadanía".

CORRUPCIÓN

En cuanto a la corrupción, la entidad indica que, si bien la costa ha sido el principal escenario donde la destrucción del medio ambiente ha venido precedida de escándalos urbanísticos, éstos también se han producido en el interior. En el año 2011 se iniciaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.

La organización ecologista también destaca los casos de puertas giratorias, donde "el más preocupante está en la persona de la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que durante años fue directiva de Fertiberia, una empresa con el peor historial de contaminación del país".

En recortes medioambientales, remarcan el retroceso sufrido por la Ley de Costas y los recortes en sectores como la prevención y extinción de incendios, así como la tendencia actual por la privatización de la gestión del agua. Además, Greenpeace lamenta que durante estos años no se hayan llevado a cabo medidas para paliar los efectos de la sequía.

Greenpeace, que critica también las infraestructuras que suponen grandes impactos medioambientales, ve intolerable que en torno al 17 por ciento de los hogares de España sufran pobreza energética mientras las empresas energéticas "tienen ingresos millonarios gracias a una política del Ministerio de Industria hecha a medida".

BALEARES, 9ª CCAA EN CALIDAD AMBIENTAL

Como impactos positivos, Greenpeace señala la multiplicación de movilizaciones ciudadanas en defensa del medio ambiente, como las realizadas en las Islas contra las prospecciones petrolíferas, que, destaca, también han sido secundadas por el Govern.

Además, Greenpeace ha elaborado un ranking de las comunidades autónomas en función de su índice de calidad ambiental, según diferentes temas como la agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio, y la gestión de residuos y, según éste, Baleares ocupa el noveno lugar en cuanto a las CCAA con mayor puntuación.

"Todas las comunidades se sitúan entre un nivel de calidad ambiental medio y bajo por lo que en todas sin duda, existe un gran margen de mejora medioambiental", ha comentado el responsable del informe, Julio Barea, responsable del informe.

"Junto al Gobierno central, las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad en la situación en la que se encuentra el medio ambiente en su territorio, es fundamental que hagan políticas para la ciudadanía y el entorno natural y dejen de hacerla de espaldas a ella", ha concluido.