Entregan un documento en la Delegación de Gobierno en contra de la reforma de la Ley de Montes

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Baleares (AFIB) ha entregado este martes una carta en la Delegación del Gobierno dirigida a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina, en contra de la reforma de la Ley de Montes.

El portavoz de esta plataforma y agente medio ambiental, Joan Amengual, ha explicado que la reforma reduciría a los agentes forestales, que son "agentes de la autoridad y policía judicial genérica", "a auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" lo que provocaría que se les quitase la "potestad de investigar delitos".

Según ha dicho, "en la práctica, esto quiere decir que delitos de incendios forestales, envenenamientos o construcciones no autorizadas en parques naturales no se podrán investigar y habrá que esperar a que vengan las otras fuerzas y cuerpos de seguridad".

"Esto se hace porque somos gente incómoda debido a que no tenemos un jefe que nos diga dónde tenemos o no tenemos que ir. Si sabemos de un delito vamos directamente y lo entregamos al Juzgado", ha asegurado.

Asimismo, ha dicho que no están de acuerdo con la modificación que establece que tras la quema de un bosque se pueda cambiar "la calificación urbanística atendiendo al interés general".

"Todos sabemos como va en este país el interés general, que es interés pero no general", ha añadido al respecto.

Amengual ha señalado que la ley vigente establece que "tras la quema de un bosque deben pasar 30 años para cambiar la calificación con el objetivo de evitar los incendios especulativos" como los que "asolaron la Comunidad Valenciana y donde Terra Mítica es un ejemplo".

Otro de los puntos con los que no están de acuerdo es con la eliminación del plan de gestión de montes privados o públicos no catalogados "con la excusa de la burocracia".

Cabe destacar que a la entrega de este documento ante la Delegación del Gobierno han acudido miembros de las secciones de medio ambiente de los sindicatos CCOO y UGT, así como distintos grupos ecologistas (GOB, Greenpeace, Amics de la Terra i Oceana).