El personal de los registros civiles intensifica las movilizaciones contra su privatización

El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO apoyará "con todos sus medios" las movilizaciones en contra de la privatización de los registros civiles y en defensa de este servicio "público, universal y gratuito", por lo que el sindicato participará activamente en la manifestación estatal prevista para el mes de abril -probablemente el sábado 11 ó el 18-, según ha anunciado.

Del mismo modo, la entidad iniciará en los próximos días la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil, tal y como ha apuntado en un comunicado.

Así, una vez superadas las dificultades administrativas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Junta Electoral Central, el sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el objetivo de paralizar la privatización de este servicio.

"Según las informaciones que están siendo publicadas, el Ministerio de Justicia, presionado por los registradores, está ultimando sus propuestas para reformar la Ley 20/2011 de Registro Civil e introducir enmiendas cuyo objetivo es compensar económicamente a los registradores mercantiles al hacerse cargo de este servicio público", señala el sindicato.

Sin embargo, a juicio de CCOO el Gobierno "falta a la verdad y pretende que se pague por servicios que hasta el momento son gratuitos o que son ajenos al estado civil de las personas". "Quieren pervertir el objeto del Registro Civil, ampliando los hechos objeto de inscripción a cuestiones absolutamente ajenas a este servicio público, para que los registradores puedan hacer caja con los nuevos hechos registrales", considera.

Según inciden desde la entidad sindical, los registradores proponen que se incluyan como obligatorios y de pago actos como el registro de seguros o de actos de última voluntad, la inscripción de todos los poderes de las personas físicas y su revocación, la constancia registral del domicilio y la dirección a efectos de notificaciones, o la obtención del libro de familia, entre otros.

Además, pretenden que la reforma incluya una disposición final que habilite al ministro de Justicia para aprobar en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE, los aranceles correspondientes a las intervenciones de los registradores respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en la ley.

"CCOO lleva meses denunciando la privatización de este servicio y seguirá reforzando esta campaña que incluye principalmente movilizaciones, la recogida de firmas de la de la ILP, la interposición de recursos contencioso-administrativos contra la privatización o la petición al Parlamento Europeo para que se dirija al Gobierno, reclamándole que no puede privatizar el Registro Civil, pues en la mayoría de los países de la Unión Europea se mantiene en el ámbito público, y porque esa decisión es contraria a la norma europea", concluye la nota.