UGT asegura que la privatización de los Registros Civiles 'pone en peligro' 50 puestos de trabajo en Baleares

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) asegura que la privatización de los Registros Civiles puesta en marcha por el Ministro de Justicia "pone en peligro" 50 puestos de trabajo en Baleares y un total de 4.800 en toda España.

Así, según afirman en un comunicado, la mayoría de los empleos en el archipiélago que se pueden ver afectados son los adscritos a los dos registros civiles de Palma.

"El Ministerio de Justicia no ha plasmado por escrito su compromiso de reubicar al personal de los registros civiles de Baleares, Castilla, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla y los de los órganos centrales", ha criticado la FSP-UGT.

La organización sindical ha realizado estas advertencias después de que a principios de este mes se haya publicado en el BOE la orden por la que se crea la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia.

Asimismo, ha lamentado que el Ministerio esté justificando la supuesta necesidad de privatizar el servicio de los registros civiles por las quejas del Defensor del Pueblo que apuntan a un mal funcionamiento en la tramitación de nacionalidades.

En este sentido, la FSP-UGT acusa al Ministerio de "manipular" datos para justificar el "regalo a los registradores" al "olvidarse" de la mayoría de las inscripciones que se realizan en los registros civiles, como matrimonios, nacimientos y defunciones.

En Palma, durante el pasado año, se realizaron más de 8.000 inscripciones de nacimiento y defunción, más de 1.000 expedientes de matrimonio y 350 de tutela, a los que habría que sumar cientos de certificaciones de otro tipo.

Por último, la FSP-UGT recuerda al Ministerio de Justicia que el Registro Civil es el servicio mejor valorado de todas las Administraciones con un 85 por ciento de satisfacción, según un informe realizado en mayo de 2013 por un Observatorio adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.

"Pedimos a Justicia que deje de mentir a los ciudadanos y admita que si se privatizan los registros civiles se introducirá un nuevo copago que generarán unos fondos para los que no hay destino claro, como ha ocurrido con los 500 millones de euros recaudados por las tasas judiciales", han concluido.