Actualizado el 27/02/2015 13:33 Compartir
Según el GOB, desde el inicio de la operación "se han sucedido mentiras, falta de transparencia y escándalos vinculados al negocio del transporte y la incineración de residuos", por lo que ha criticado lo que considera "una muestra de política al servicio de la empresa privada y a costa del territorio y de las personas".
El GOB ha lamentado que el Consell "haya continuado defendiendo este negocio que permite a TIRME mantener cuatro líneas de la incineradora funcionando al máximo rendimiento a pesar de los perjuicios que ésta representa para el medio ambiente y la salud".
Para la entidad, esto supone "un fraude a los ciudadanos" y ha protestado por las tarifas de tratamiento de residuos, que sólo ha bajado en trece euros por tonelada respecto a la tarifa propuesta por TIRME para el año 2014, "que supone un incremento de cerca de 50 euros".
El GOB ha insistido en que las instalaciones del servicio público "deben funcionar estrictamente para tratar los residuos generados en la Isla".
El grupo también ha criticado que los proveedores de los residuos "sólo pagan el transporte" mientras que "el tratamiento lo asume TIRME y repercute en la tarifa".
"Por tanto, los ciudadanos acabamos pagando la incineración de los residuos que importamos mientras TIRME se beneficia de la venta de la electricidad que se genera en este proceso", ha señalado.
De este modo, el GOB ha exigido abortar definitivamente estas operaciones y que el Partido Popular "asuma responsabilidades políticas ante este evidente fraude a la ciudadanía".
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