Actualizado el 26/02/2015 11:33 Compartir
En un comunicado, el grupo ecologista ha explicado que promover el amarre de megacruceros "supone añadir unos cuantos municipios equivalentes más al puerto de Palma, con la exigencia de adaptar un conjunto de infraestructuras de abastecimiento de agua, energía o recogida de residuos".
Según dicen, este proceso de aumento de capacidad de las infraestructuras de transporte marítimo "nos hipotecan el futuro" porque "asumen que el crecimiento urbanístico y turístico se debe continuar potenciando sin límites al mismo ritmo insostenible en que aumenta nuestro consumo energético, la afluencia de pasajeros, la producción de agua desalada o la incineración de residuos".
El GOB contradice la opinión del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Alberto Pons, en relación a que el lujo simbolice el futuro económico de Palma. Además, indican que las macroinfraestructuras de transportes no tienen en cuenta el cambio de era que implica el fin de los combustibles fósiles baratos.
"Queda claro que las directrices políticas impulsadas por Alberto Pons responden a los intereses de los lobbies turístico, náutico, constructor y financiero", declara el GOB, que apunta que, para cubrir los cotes de la ampliación, se promueve la inversión privada con la condición de que la explotación posterior sea también privada "con lo que quedamos sometidos al interés especulativo de una infraestructura de interés general".
Por todo ello, el GOB reclama a la APB que el proyecto de ampliación del puerto de Palma se pueda debatir con información pública para determinar si se trata o no de un escenario de interés general para Palma y Baleares.
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