El GOB se reune con Green Party de Irlanda del Norte para analizar los efectos en el aire de la incineradora

El GOB ha anunciado este viernes que iniciará una serie de acciones para conseguir datos propios sobre la contaminación del aire que supone la incineradora y, además, exigirá una auditoria de los aspectos económicos y legales que supone la concesión de la importación de residuos.

Así ha informado en un comunicado emitido con motivo de la reunión que ha mantenido con Green Party de Irlanda del Norte, con quien ha acordado una serie de acciones conjuntas para detener la exportación de residuos desde Irlanda del Norte hacia Mallorca.

Según dicen, esta formación es la única que ha denunciado en Irlanda la importancia de residuos y, en el encuentro, determinaron que prepararán conjuntamente una serie de preguntas parlamentarias para dar transparencia a la operación de exportación de residuos en Mallorca y las consecuencias que implica para Mallorca.

Además, Green Party se ha mostrado interesado en organizar una campaña en Mallorca para informar a irlandeses de los efectos de la importación e incineración de sus residuos en Mallorca.

En este sentido, a lo largo de la reunión se hizo referencia en el informe que en 2013 Ecologistas en Acción publicó sobre la calidad del aire en España en el que relata que, con respecto a Baleares, que los datos que proporciona el Gobierno son insuficientes y mal recogidos, y que en las áreas urbanas (Palma e Ibiza, sobre todo) se superan los límites.

Este informe hace especial referencia en Son Reus y menciona que la planta sólo proporciona un 8 por ciento de los datos posibles, por lo que "no sabemos con exactitud el nivel contaminante de la incineradora". En este sentido, se apuntó a una posible colaboración con la Universidad de Belfast para realizar sus propios datos de emisiones y hacerlos públicas.

Finalmente, el GOB ha destacado que "las dos grandes constructoras estatales, principales accionistas de Tirme, FCC y ACS" hayan recibido han recibido una multa de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por "repartirse el pastel de la gestión de residuos.

Por ello, el GOB plantea exigir una auditoría de los aspectos económicos y legales de la concesión que aclare si el caso del que ha partido la investigación y consecuente multa a Tirme tiene que ver con el contrato concesional y posteriores ampliaciones para la gestión del servicio público insularizado de gestión de residuos de Mallorca.

Green Party se mostró muy interesado, según el GOB, en conocer todos los aspectos relativos a "monopolio institucionalizado" a favor de Tirme para la gestión de los residuos, la política insular que prioriza la incineración y todo lo relacionado con el contrato "abusivo" que regula la concesión del servicio público que ahora, ha pasado también a incinerar los residuos que se producen en Irlanda.