La Plataforma antiautopista denuncia que el transporte ya genera el 56% de las emisiones de CO2 en las Islas Baleares

El transporte por carretera, aéreo y marítimo genera el 56% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las Islas Baleares. Estas emisiones se han duplicado en sólo 25 años. Si en el año 1990 las emisiones del transporte por carretera suponían el 42% del total, en la actualidad se han disparado hasta el 56%, pasando de 1:28 millones de toneladas de CO2 a 2.68 millones de toneladas en el año 2017.
Del conjunto del transporte, los coches son hoy la primera fuente de emisiones, por delante de las emisiones aéreas (1.94 millones de toneladas) e incluso por delante del transporte marítimo y el resto de transportes juntos (2,52 millones de toneladas ). Son datos de una investigación realizada en los últimos meses por el colectivo Todo Incluido a partir de fuentes oficiales. La investigación muestra un incremento espectacular de las emisiones vinculadas al transporte. Así pues, si las Islas Baleares quieren rebajar sus emisiones, habrá un giro total en las políticas que inciden sobre el transporte: carreteras, urbanismo, turismo masivo, transporte público, etc.

El crecimiento de las emisiones de CO2 del transporte están estrechamente ligadas a las políticas de construcción de más carreteras y autopistas. En los últimos años, las instituciones han gastado una cantidad enorme de recursos públicos en nuevas infraestructuras viarias. El departamento de carreteras del Consejo por ejemplo, ha destinado más de 200 millones de euros en ampliar carreteras, construir rotondas y autopistas y favorecer el acceso rodado masivo en Sóller (16 millones de euros). Mientras tanto, en la pasada legislatura no se ha puesto ni un metro de vía de tren ni se ha mejorado significativamente el transporte público colectivo por carretera, que ahora mismo es insuficiente o inexistente en muchos lugares.
Hace décadas que existe evidencia científica que demuestra que la construcción de carreteras y de nuevos carriles, lejos de resolver la congestión del tráfico, sólo la agrava. Es lo que se llama "demanda inducida". Existen numerosos estudios que demuestran que las áreas metropolitanas que hacen fuertes inversiones en la expansión de la capacidad vial no alivian la congestión del tráfico, al contrario. La construcción y ampliación de las vías rápidas y de gran capacidad genera un mayor uso del coche, una extensión de la urbanización y un aumento de las emisiones.

La declaración de la emergencia climática por parte del Consejo de Mallorca y del Gobierno de las Islas Baleares no puede tener un carácter puramente retórico. Si las autoridades realmente creen que nos encontramos en una situación grave, es necesario que la declaración tenga efectos legales y normativos y que se traduzca en acciones efectivas a la altura de este reto. Por todo ello, exigimos nuevamente:

La paralización total de las obras de la autopista de la autopista Llucmajor-Campos y su reconducción hacia un modelo de carretera 2 + 1 como prevé el Plan director sectorial de movilidad.

El paro del vertido de 143 millones de toneladas de escoria de incineradora en la autopista y su retirada.
La aplicación de las políticas de movilidad establecidas en el Plan director sectorial de movilidad de las Islas Baleares. Singularmente, pedimos que se cierren carriles de las autopistas ya existentes al transporte privado individual y se reserven para el transporte colectivo y público; que se paralice la construcción de nuevas infraestructuras viarias o de aparcamiento que supongan incrementos de capacidad o de velocidad.

Inversiones urgentes en el transporte público colectivo (bus y tren) para que sean una alternativa viable al automóvil y que, en los entornos urbanos, se priorice decididamente la movilidad de los peatones a pie, el transporte público colectivo (bus) y el uso de vehículos ligeros (bicicletas, singularmente).

Prohibición de construcciones residenciales en suelo rústico y moratoria a la construcción en suelos urbanos no desarrollados.

El inicio de una política económica de decrecimiento turístico y urbanístico decidido y la revitalización de las actividades productivas (agricultura e industria) que nos permitan reducir sensiblemente nuestro volumen actual de importaciones.