El Govern advierte de la inseguridad jurídica e ineficacia del nuevo modelo de ayudas a la movilidad eléctrica del Ministerio

El Govern de las Illes Balears, junto con once comunidades autónomas han expresado su preocupación por la inseguridad jurídica e ineficacia del nuevo modelo de ayudas a la movilidad eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las regiones consideran que el modelo propuesto no solo repite errores del pasado sin introducir mejoras sustanciales, sino que genera un alto grado de inseguridad jurídica, lo que dificulta e impide el inicio de su implementación.

Según indican los gobiernos autonómicos, el nuevo esquema mantiene una tramitación excesivamente compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa, lo que se traduce en una mayor carga burocrática para las comunidades y pone en riesgo la eficacia y el alcance real del programa.

Estas valoraciones han sido trasladadas formalmente al Ministerio mediante cartas firmadas por las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Canarias, La Rioja y la Región de Murcia. En estas se recuerda que el Gobierno central no ha cumplido los compromisos adquiridos hace más de un año para introducir mejoras estructurales en la gestión de las citadas ayudas.

Las comunidades firmantes destacan que, aunque se presenta como una continuidad, el nuevo modelo obliga a iniciar desde cero mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio. Esto implica más carga administrativa, más retrasos y ningún avance significativo como la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida por las administraciones regionales y los actores del sector.

Además, advierten que el planteamiento actual no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas ya detectadas, consolidando un esquema de ayudas que consideran ineficaz. En este contexto, insisten en la necesidad de una aclaración urgente y una definición formal por parte del Ministerio sobre aspectos clave del programa.

Propuestas claras, efectivas y sin respuesta

Las comunidades autónomas llevan tiempo trasladando al Gobierno central propuestas claras, técnicamente sólidas y ampliamente apoyadas tanto por el sector como por instituciones europeas, orientadas a conseguir una distribución más eficaz, ágil y directa de las ayudas.

Entre ellas destacan:

• Descuentos inmediatos en el punto de venta para vehículos eléctricos y puntos de recarga.
• Incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para empresas que electrifiquen sus flotas.
• Simplificación de trámites administrativos, conforme a los estándares de la Comisión Europea, basada en procedimientos "más simples, rápidos y ligeros".

Persistencia de dudas clave y falta de respuesta institucional

Las comunidades también reclaman una aclaración formal y un posicionamiento firme por parte del Ministerio sobre las inseguridades jurídicas detectadas. Esta actuación es fundamental para aplicar el programa, como el reparto de fondo entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del plan. La no resolución de estas cuestiones planteadas por las comunidades autónomas imposibilitan lanzar la convocatoria y asegurar la concesión, pago y llegada de las subvenciones a la ciudadanía y a las empresas.

Fruto de estas inquietudes, las doce comunidades firmantes solicitaron formalmente una reunión urgente con el Ministerio, que se celebó el pasado viernes 11 de abril. Sin embargo, después de este encuentro, no se ha recibido una respuesta clara ni formal por parte del IDAE, lo que continúa generando incertidumbre y preocupación.

Compromiso autonómico con la movilidad eléctrica

A pesar de la falta de definición a nivel estatal, las comunidades autónomas han reiterado su compromiso firme con la transición energética y la electrificación del transporte. En este sentido, varios gobiernos regionales han aprobado modificaciones presupuestarias para culminar la ejecución del Plan Moves III, que se suman a las inversiones ya movilizadas en el marco de los programas de autoconsumo y movilidad sostenible.

Así mismo, las comunidades han manifestado su total disposición a colaborar con el Ministerio y con el IDAE para conseguir un modelo de ayudas realista, coordinado y eficaz, que permita que los fondos lleguen de manera ágil a la ciudadanía y a las empresas. Las autonomías se declaran abiertas a trabajar de manera conjunta para aterrizar técnicamente el programa y solucionar los elementos pendientes que impiden su correcta aplicación.