La CNMC multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de España

“Frenar la vergüenza” para cualquier economía que pretenda ser moderna es lo que pide la patronal PIMEM a todas las administraciones des del ayuntamiento más pequeño a al mismo Estado español. Y es que los datos conocidos corraboran lo que la patronal mallorquina denuncia desde hace años; el control los oligopolios y sus efectos en la hiperinflación y el incremento de costes para todos.

Según la patronal mallorquina son más de 25 años de contribuciones impagables a la hiperinflacion y al incremento de los costes del aprovisionamiento público que se trasladan a los Presupuestos Generales del Estado los PGE y al resto de las administraciones públicas. PIMEM, al igual que CONPYMES a nivel nacional, mantienen que estos poderes ocultos, son los oligopolios de rentas excesivas y que operan en todas las economías avanzadas dando como resultado una alteración de los precios al alza que provoca empobrecimiento social y verdaderas dificultades de viabilidad a pymes y autónomos.

Para el presidente de PIMEM, Jordi Mora, “la multa impuesta por la CNMV, si es confirmada por la Audiencia Nacional, está por ver, supone una ínfima parte de sus rentas excesivas de los últimos 25 años, las cuales en estos momentos estarían contribuyendo a la espiral inflacionista que vivimos y que como todos sabemos pone en jaque a muchas pymes y autónomos”.

La patronal mallorquina denuncia que las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.

Jordi Mora asegura que la parte más vergonzosa es el modus operandi, como se “institucionaliza entre las empresas multadas”. “Las empresas se ponían de acuerdo entre ellas. Lo único que hacían era poner o quitar logos para dar apariencia de propuestas independientes de cara a la administración además de desarrollar unas complejas normas de funcionamiento para que no se dectara el fraude” asegura Mora.

Para PIMEM los acuerdos a que llegaron las empresas han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante además de efectos muy perjudicales sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos yq que derivaron en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo. “Hablamos que los que se presentaban lo tuvieron que hacer a un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas, todo un montaje que mientras beneficiaba a los de siempre arruinaba a otras. Después algunos callan y otros nos quieren dar lecciones de liberalismo”.