Actualizado el 13/07/2019 09:49 Compartir
Concretamente, este recurso se interpone contra los párrafos segundo y tercero del apartado tercero de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de febrero de 2019 por el que se amplían los límites del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera con la incorporación de espacios marítimos colindantes al mismo. En este apartado, se especifica que la gestión de las aguas exteriores marinas que se incluyen en el parque corresponde a la Administración General del Estado y, para argumentarlo, se afirma que no hay evidencias científicas que avalen la continuidad ecológica con el ecosistema terrestre.
En contra de ello, el Govern interpreta que la Administración competente para gestionar el Parque Nacional de Cabrera no es el Estado, sino la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, tal como lo ha hecho desde el traspaso de estas competencias en el año 2009. Asimismo, sostiene que la ampliación del Parque es precisamente una consecuencia directa del interés de la Comunidad Autónoma, que es la que «ha instado e impulsado la ampliación de sus límites». En este sentido, hay que recordar que el impulso de la ampliación del Parque Nacional de Cabrera se remonta al año 2011, cuando el Patronato del Parque ya adoptó un acuerdo en este sentido, y ha sido sostenido con diferentes acuerdos hasta el Acuerdo del Consell de Govern de 5 de octubre de 2018, en el que se apoyaba la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica de ampliar los límites del Parque.
Asimismo, el escrito de la Abogacía sostiene otro argumento de peso: que la Comunidad Autónoma, de hecho, ya ha estado gestionando aguas exteriores incluidas en el Parque Nacional, dado que la anterior delimitación del Parque ya comprendía aguas exteriores. Por otra parte, la gestión del Parque por parte de diferentes administraciones rompería el principio de unidad de gestión, lo que contradice el mismo acuerdo del Consejo de Ministros, en el que se habla de la gestión homogénea y efectiva del conjunto del territorio protegido.
Finalmente, el Govern apunta a una contradicción en el Acuerdo del Consejo de Ministros, en el que se afirma que no existen evidencias científicas que avalen la continuidad ecológica del ecosistema terrestre con el ecosistema marino, cuando, de hecho, en el ámbito científico sí que se tiene la convicción de que esta continuidad existe. De hecho, desde el año 2015 esta continuidad ha sido reconocida en diferentes informes, como los del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente o el del Instituto Español de Oceanografía, previos a la aprobación del Plan de Gestión Natura 2000 del Archipiélago de Cabrera.
El 16 de abril de 2019, la presidenta del Govern, Francina Armengol, formuló un requerimiento previo al Estado en el que se exponían estos argumentos, el cual no ha sido contestado y, por lo tanto, debe entenderse que ha sido rechazado.
El parque más grande del Mediterráneo
Con la ampliación de febrero de 2019, la superficie protegida del Parque Nacional de Cabrera se incrementó en 80.779 hectáreas marinas, lo que lo convirtió en el parque nacional más grande del mar Mediterráneo, con una superficie total de 90.800 hectáreas. El Ministerio para la Transición Ecológica consideró prioritaria la ampliación porque, entre otros motivos, contribuye a asegurar los objetivos de protección fijados por la legislación vigente, puesto que en estas más de 80.000 hectáreas que se incorporaron se encuentran once de los trece sistemas naturales marinos que la Ley de parques nacionales obliga a incorporar a la Red de Parques Nacionales. Además, de estos, hay dos que hasta entonces no tenían presencia en esta red: los bancos profundos de corales y las áreas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o de grandes peces migratorios.
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