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El Tribunal Constitucional admite el recurso de Sánchez contra la ley balear de Evaluación Ambiental

El Tribunal Constitucional admite el recurso de Sánchez contra la ley balear de Evaluación Ambiental

Actualizado el 31/05/2019 07:29                Compartir

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra los apartados tres y seis del art. Único de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifican los arts. 9 apartados 1, 2, 3 y 4; y 14 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares.

El Consejo de Ministros acordó solicitar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra los apartados 3 y 6 del artículo único de la Ley 9/2018 que modifica la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, comentó que la redacción de esos dos artículos no se ajustan a la Constitución. En este sentido, recordó que en materia de medioambiente, "las comunidades autónomas no pueden, al amparo de sus propias competencias, imponer al Estado la obligación de someter a evaluación ambiental los programas y planes que ostenta en materia de sus competencias".

Además, ha precisado que la redacción de la normativa autonómica no distingue entre los planes y programas de competencia estatal y los insulares, por lo que el Gobierno pide el recurso.


El Tribunal dispone que se dé traslado de la demanda y demás documentación presentada al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno y Parlamento de las Islas Baleares, respectivamente, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El Gobierno alega que se han podido vulnerar competencias exclusivas que corresponden al Estado. Concretamente, el art.149.1 CE apartado 20 (puertos y aeropuertos de interés general), apartado 22 (instalaciones eléctricas), apartado 23 (legislación básica de protección de medioambiente) y apartado 24 (obras públicas de interés general).

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