Actualizado el 28/11/2018 14:09 Compartir
La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y la Alianza Mar Blava han realizado una serie de peticiones al gobierno español en un momento que podría ser clave para el final de las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo.
El consejero, Vicente Vidal, acompañado del coordinador de la Alianza, Carlos Bravo, ha pedido al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que no ejerza el derecho a veto respecto a la tramitación en el Congreso de la Proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que puedan producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, enviada el pasado mes de octubre por el Parlamento, donde fue aprobada por unanimidad.
La Proposición de Ley fue impulsada, en 2017, por Alianza Mar Blava por encargo de la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Aunque fue aprobada de manera unánime por el Parlamento, el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, vetó su tramitación en el Congreso excusándose en un informe anónimo del Ministerio de Energía que alegaba un supuesto impacto negativo en el déficit público. Este argumento ha sido negado siempre por los impulsores del proyecto que han recordado que el documento no tenía validez jurídica.
A pesar del revés, el Gobierno y la Alianza Mar Blava impulsaron un nuevo Proyecto de ley que volvió a recibir el apoyo unánime del Parlamento. El pasado 2 de noviembre, la Mesa del Congreso trasladó este nuevo texto al Gobierno central que dispone de un mes para decidir si ejerce el derecho a veto. En este sentido, Vidal ha pedido "coherencia" al Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que el PSOE y Unidos Podemos fueron los únicos grupos parlamentarios con representación en la Mesa que apoyaron la tramitación de la primera proposición de ley.
Las otras dos peticiones van dirigidas directamente al Ministerio para la Transición Ecológica. Por un lado, Vidal y Bravo han pedido que no se autorice a Repsol la prórroga de 10 años que la compañía ha solicitado para la concesión de explotación de hidrocarburos denominada "Casablanca", frente a las costas de Tarragona. Esta concesión caduca el 27 de diciembre de 2018 y es la primera de las cinco que están a punto de expirar en la misma zona. Una zona que, tal como ha recordado el consejero Vidal, es muy cercana al corredor de cetáceos que transcurre entre las costas de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña (ZEPIM).
Finalmente, Vidal y Bravo han pedido cambios en el articulado relativo a la exploración y explotación de hidrocarburos en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se presentó recientemente. En este sentido, lamentaron que el texto actual sólo prohíba las concesiones de explotación de hidrocarburos hasta 12 millas de la costa. Además, permite que las concesiones actuales estén vigentes hasta el 2040. Mar Blava ya ha presentado alegaciones a este articulado.
La propuesta, que cuenta con el apoyo del Gobierno, es que la prohibición se haga extensiva a todo el territorio marino donde el Estado tiene competencias. En este sentido, Vidal y Bravo han vuelto a pedir coherencia al Ministerio que aprobó la declaración de un corredor de cetáceos como Área Marina Protegida.
El consejero, Vicente Vidal, acompañado del coordinador de la Alianza, Carlos Bravo, ha pedido al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que no ejerza el derecho a veto respecto a la tramitación en el Congreso de la Proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que puedan producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, enviada el pasado mes de octubre por el Parlamento, donde fue aprobada por unanimidad.
La Proposición de Ley fue impulsada, en 2017, por Alianza Mar Blava por encargo de la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Aunque fue aprobada de manera unánime por el Parlamento, el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, vetó su tramitación en el Congreso excusándose en un informe anónimo del Ministerio de Energía que alegaba un supuesto impacto negativo en el déficit público. Este argumento ha sido negado siempre por los impulsores del proyecto que han recordado que el documento no tenía validez jurídica.
A pesar del revés, el Gobierno y la Alianza Mar Blava impulsaron un nuevo Proyecto de ley que volvió a recibir el apoyo unánime del Parlamento. El pasado 2 de noviembre, la Mesa del Congreso trasladó este nuevo texto al Gobierno central que dispone de un mes para decidir si ejerce el derecho a veto. En este sentido, Vidal ha pedido "coherencia" al Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que el PSOE y Unidos Podemos fueron los únicos grupos parlamentarios con representación en la Mesa que apoyaron la tramitación de la primera proposición de ley.
Las otras dos peticiones van dirigidas directamente al Ministerio para la Transición Ecológica. Por un lado, Vidal y Bravo han pedido que no se autorice a Repsol la prórroga de 10 años que la compañía ha solicitado para la concesión de explotación de hidrocarburos denominada "Casablanca", frente a las costas de Tarragona. Esta concesión caduca el 27 de diciembre de 2018 y es la primera de las cinco que están a punto de expirar en la misma zona. Una zona que, tal como ha recordado el consejero Vidal, es muy cercana al corredor de cetáceos que transcurre entre las costas de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña (ZEPIM).
Finalmente, Vidal y Bravo han pedido cambios en el articulado relativo a la exploración y explotación de hidrocarburos en el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se presentó recientemente. En este sentido, lamentaron que el texto actual sólo prohíba las concesiones de explotación de hidrocarburos hasta 12 millas de la costa. Además, permite que las concesiones actuales estén vigentes hasta el 2040. Mar Blava ya ha presentado alegaciones a este articulado.
La propuesta, que cuenta con el apoyo del Gobierno, es que la prohibición se haga extensiva a todo el territorio marino donde el Estado tiene competencias. En este sentido, Vidal y Bravo han vuelto a pedir coherencia al Ministerio que aprobó la declaración de un corredor de cetáceos como Área Marina Protegida.
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