Madrid avisa de que el reglamento de la Oficina Anticorrupción no faculta al director a acceder a información bancaria

El Gobierno estatal ha hecho llegar al Parlament una serie de observaciones al proyecto de reglamento de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, en las que, entre otras cuestiones, considera que no puede facultar al director del organismo a acceder a información de cuentas bancarias.

El proyecto de reglamento establece que el director de la Oficina Anticorrupción -actualmente, Jaume Far- podrá requerir a las entidades bancarias que faciliten información relativa a cuentas corrientes y depósitos cuando los titulares no hayan aportado la información requerida por sí mismos dentro del plazo. Para ello, será necesario que lo proponga el jefe del área de Inspección.

La ley que creaba la Oficina -y que ahora debe desplegar el reglamento actualmente en trámite- incluyó en el artículo sobre acceso a cuentas bancarias la fórmula "si así lo permite la legislación vigente". En este sentido, el Gobierno considera que la normativa actual no permite al director de la Oficina tener acceso a esos datos sin el consentimiento del afectado.

"A nuestro juicio, la comunicación de datos personales por parte de las entidades bancarias o crediticias previstas en este proyecto de reglamento no queda amparada por una ley y por lo tanto se debe requerir, por parte de dichas entidades, el consentimiento del interesado para dar licitud a dicha comunicación", advierten desde el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, el Ejecutivo central también ha hecho una advertencia relativa a la regulación de las retribuciones del personal al servicio de la Oficina y la promoción interna.

EL REGLAMENTO, EN TRÁMITE EN EL PARLAMENT

El proyecto de reglamento se encuentra actualmente en trámite en el Parlament. La propuesta fue registrada en marzo por el director, Jaume Far, pero corresponde a la Cámara legislativa aprobarla. Por ello, la Oficina no está en funcionamiento, a pesar de que la ley que la creaba se aprobó hace más de año y medio.

Far compareció en junio ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para contestar a las preguntas de los diputados sobre el reglamento, intervención que aprovechó para recordar a los diputados que les corresponde a ellos sacar adelante el texto.

El director del organismo se mostró entonces dispuesto a incorporar las modificaciones que se consideren necesarias o incluso a presentar otra propuesta, pero remarcó su interés por poner en marcha la Oficina, "con este reglamento o con otro".

Cuando se celebró esta comisión, Far ya llevaba unos seis meses en el cargo, pero recordó que necesita el reglamento para poder trabajar. En este sentido, lamentó que la Ley que creaba la Oficina contenía muchas "remisiones" al reglamento, es decir, que dejaba sin concretar muchos aspectos para que fueran regulados posteriormente.

EL PP SUGIERE QUE SUPRIMIRÍA LA OFICINA

Esta misma semana, el presidente del PP balear, Biel Company, sugería que su partido suprimiría la Oficina Anticorrupción creada durante esta legislatura si llega al Govern en 2019, porque consideran que este órgano "no es necesario" y que además supone "hacer duplicidades" y "querer crear alternativas al poder judicial".

El presidente del PP balear argumentó que la democracia tiene "tres poderes" que "funcionan" y que "si una persona cree que hay cosas que no están bien hechas, debe ir a los Juzgados". Los medios preguntaron al líder popular si está dando a entender que el PP considera que la Oficina no hace falta y si la suprimiría, a lo que Company contestó: "Entiende usted bien".

Días antes, la portavoz del Govern, Pilar Costa, contestaba a preguntas de los periodistas sobre la Oficina rechazando que sea un fracaso del 'Pacte' y confiando en su puesta en marcha antes de finalizar esta legislatura.

Costa recalcó que la aprobación del reglamento no depende del Govern y que no quieren inmiscuirse "en el trabajo que debe hacer la oficina". También defendió que se busca que el reglamento "salga con las mejoras garantías jurídicas".