El Defensor del Pueblo investiga los procedimientos de desalojo de poblados chabolistas en las CC.AA.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a todas las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para saber qué procedimientos siguen a la hora de realojar y a la población afectada por el desmantelamiento de asentamientos chabolistas.

En concreto, la Institución ha preguntado a las autonomías si tienen una normativa específica que regule el desalojo y posterior realojo de la población chabolista y si cuentan con algún instrumento de planificación ante estas situaciones.

"El Defensor del Pueblo conoce de primera mano las actuaciones, siempre traumáticas, de desalojo de los asentamientos, especialmente en aquellos casos en los que hay menores implicados", señala la Institución en un comunicado, en el que subraya que es "consciente" de los problemas que padecen las personas que "malviven" en estos poblados, "en condiciones muy precarias y de insalubridad, y con una ausencia casi absoluta de servicios públicos de ningún tipo".

En su opinión, la situación de exclusión social de la población chabolista obliga a la intervención de los poderes públicos. Si bien apunta que son las comunidades autónomas las que ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda, el Defensor también recuerda que los ayuntamientos tienen un papel "esencial" a desempeñaren los asentamientos.

CENSOS Y ESTADÍSTICAS

Asimismo, informa de que otro de los objetivos de esta actuación de oficio es saber si las administraciones disponen de censos o estadísticas sobre las personas que viven en este tipo de asentamientos.

Por último, esta institución quiere conocer si las administraciones respetan las garantías procesales mínimas que, según advierte, "deben cumplirse en cualquier desalojo forzoso, según establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas".

En este sentido, recuerda que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada está elaborando un informe sobre asentamientos informales y derechos humanos y ha pedido la colaboración del Defensor del Pueblo.