El Parlament insta al Ministerio a respetar el Plan de Baleares sobre el cierre de Es Murterar

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una moción presentada por Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca en la que se insta al Ministerio de Medio Ambiente a respetar el Plan de Transición Energética de Baleares sobre el cierre progresivo de la central de Es Murterar (Alcúdia) y la gasificación de la central de Mahón.

Asimismo, la iniciativa ha sido defendida por el diputado David Abril y se han aceptado las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de Podemos.

Según un comunicado, también se ha aprobado instar al Govern a que plantee este cierre de acuerdo con los agentes sociales y las empresas implicadas para que el personal de la central sea recolocado en otras plantas de generación de energía.

Además, según otro punto de esta proposición se instará al Gobierno central a que pacte con el Ejecutivo balear las inversiones en materia energética de las Islas.

De este modo, se apostaría por las energías renovables y no en el mantenimiento de instalaciones obsoletas y contaminantes, de acuerdo con los compromisos adquiridos a nivel internacional por parte de la Unión Europea y España.

También se pedirá al Gobierno central dotar a Baleares de un régimen especial de fomento de las energías renovables con los mismos parámetros que el que tienen las Islas Canarias, como una cuota específica de renovables y exenciones al llamado "impuesto al sol" y las limitaciones en materia de autoconsumo.

En esta línea, el pleno instará al Govern a que la ley de cambio climático y transición energética apoye iniciativas de energía distribuida, en colaboración con entidades locales, así como el fomento de pequeños parques fotovoltaicos e instalación de placas fotovoltaicas en los techos de los edificios tanto privados como públicos.

Por último, el Parlament pedirá el Ejecutivo balear que cumpla con rigor la transparencia en información medioambiental exigida por la Ley 27/2007, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente que refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus.