El Ministerio cuestiona varios aspectos de la ley de alquiler turístico del Govern

El Ministerio de Economía y Competitividad ha remitido un informe al Govern en el que cuestiona diferentes aspectos del anteproyecto de ley que regulará el alquiler turístico en Baleares y le recuerda que debe adecuarse a la constitución y a la directiva de servicios.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, quien ha considerado esta advertencia una "ofensiva" por parte del Estado contra la autonomía de Baleares ya que se cuestionan aspectos establecidos en Baleares "desde 1999".

El informe alerta de que el proyecto de ley del Govern "introduciría modificaciones" que "dificultan considerablemente la posibilidad de comercialización de determinados modelos de alojamiento que han venido funcionando en los últimos años".

Entre otros apartados, el informe ministerial cuestiona la facultad de los Consells de fijar las zonas en las que puede llevarse a cabo la actividad de comercialización; el sometimiento del inicio de la actividad al régimen de declaración responsable; la necesidad de contar con un acuerdo de la junta de propietarios; la prohibición de alquiler por habitaciones o de alquilar en viviendas con antigüedad inferior a cinco años.

"En definitiva, cuestionan que se pueda hacer regulación del alquiler turístico", ha subrayado Barceló, que ha incidido en que se cuestionan aspectos como el techo de plazas que se estableció por primera vez en 1999 en Baleares.

Además, cree que es "incoherente con lo que el PP ha defendido en Baleares".

El vicepresidente ha protestado por que la delegación de gobierno dio el visto bueno al anteproyecto e indicó que se ajustaba a derecho, por lo que "no tiene otra explicación que motivaciones políticas de poner trabas" al Govern. También ha indicado que el ministro Nadal se comprometió "verbalmente" a respetar la competencia turística de Baleares.

Por otra parte, Barceló ha aclarado que el Gobierno no puede plantear un recurso de inconstitucionalidad hasta que la ley no esté aprobada.