Baleares, Cataluña y Valencia hacen frente común para una gestión de la pesca de arrastre mediterránea

Los gobiernos de Baleares, Cataluña y Comunitat Valenciana hacen frente común en favor de un modelo innovador de gestión de la flota de pesca de arrastre mediterránea que garantice, al mismo tiempo, el futuro del sector y la recuperación de los recursos marinos, en el marco de una gestión pública de los recursos pesqueros en corresponsabilidad con el sector.

Así, los tres territorios, que concentran el 80% de las 612 embarcaciones de arrastre del litoral mediterráneo del Estado español, han elaborado una propuesta conjunta que da respuesta a la Comisión Europea, que ha instado los Estados miembros a tomar medidas urgentemente para poner fin al mal estado crónico de los recursos pesqueros a la región, según informa el Govern en un comunicado.

Además, esta propuesta contrasta con la apuesta del Ministerio de Agricultura que podría conducir a una concentración de los derechos de acceso a los recursos pesqueros para este sector, de la mano de una desregulación de la gestión desde los poderes públicos.

La propuesta, firmada por la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret; la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, y el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, Vicenç Vidal, ha sido dirigida a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

JUNTOS POR UN MODELO INNOVADOR

De este modo, los gobiernos de Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares han trabajado en esta propuesta conjunta que apuesta por una gestión comunitaria de los días de pesca totales anuales, que serían gestionados por las cofradías de pescadores sobre la base de unos totales de esfuerzo anual permisible establecidos por la administración de acuerdo con las recomendaciones científicas.

Con esta propuesta se quiere reforzar la naturaleza de bien público de los recursos pesqueros, que pertenecen al conjunto de la sociedad, de manera que sea la administración quien tenga la última palabra en su gestión global, a la vez que fomenta la corresponsabilidad del sector y su empoderamiento al dejar en sus manos la responsabilidad a nivel local.

La inicativa persigue la recuperación de los recursos pesqueros mediante una reducción sustancial y progresiva del esfuerzo de pesca, de acuerdo con el asesoramiento científico, de manera compatible con el mantenimiento de la actual demasiado crítica del sector, con el impulso a la valorización del producto y la mejora de la comercialización.

Adicionalmente, se hacen unas reflexiones sobre la adopción de medidas sobre la pesquera de esta zona del Mediterraneo. En ese sentido, también se contempla una solicitud sobre la aminoración del esfuerzo mediante la reducción de los días de pesca, o disminución de las capturas en sardina y boquerón entre otros tipos de medidas.

Una Comisión Técnica de Seguimiento formada por las administraciones, sector y científicos velaría por el reajuste adaptativo del plan, que tendría una vigencia de 5 años a partir del 2018, con una revisión al final del tercer año.

PROPUESTA DEL MINISTERIO

En las últimas semanas, responsables del Mapama habían informado tanto a las Comunidades Autónomas como el sector que están estudiando la introducción de un sistema de cuotas individuales transferibles de esfuerzo pesquero por el sector del arrastre mediterráneo.

Este modelo, que iría acompañado de medidas de desregulación en aspectos como los horarios, ya se aplica en diversos países del mundo, como Islandia, Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, en el caso de pesqueras industriales.

Según muchos expertos, la aplicación de este sistema de gestión podría conducir a una concentración y privatización del acceso al recurso (el tiempo de pesca se podría comprar y vender de manera permanente) y conduciría a una drástica reducción, relocalización y concentración de la flota actual en detrimento del modelo mediterráneo de gestión familiar arraigada a la comunidad y al territorio, estructurado en cofradías y lonjas.

El modelo propuesto conjuntamente por Cataluña, Valencia y Baleares evitaría estos riesgos y da plena respuesta al reto del momento.