El Gobierno reclama a Baleares más de 46 millones por las desaladoras

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha informado este viernes sobre la recepción de dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en las que se reclama a Baleares que abone 26,1 millones de euros por la desaladora de Santa Eulària del Riu y 20,2 millones por la de Ciutadella.

De esta manera, según ha señalado el conseller del ramo, Vicenç Vidal, se incumple el acuerdo político al que llegaron ambas administraciones el pasado mes de mayo, "en vista al bloqueo de las instalaciones y la grave situación de sequía de Ibiza", por la que la Conselleria se encargaría de conectar las instalaciones a la red y el Ministerio rescataría la concesión de las desaladoras sin ningún coste adicional para la Comunidad Autónoma.

Vidal ha subrayado que Baleares "cumple con este acuerdo, al haber iniciado ya las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulària con Roca Llisa y haber iniciado la tramitación del resto de conexiones necesarias" y ha manifestado que "el Gobierno del Estado va en contra de los intereses de los ciudadanos de las Islas" con esta resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente.

Las instalaciones continúan siendo propiedad del Estado, y así lo refleja el acta firmada el 11 de mayo de 2016 por la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau, y la directora general del Agua del Estado, Liana Ardiles, que manifiesta que el Govern recibe el uso y explotación de las desaladoras, mientras que el Ministerio mantiene la titularidad y se reserva el derecho de repetir acciones contra la Administración autonómica a consecuencia del rescate de las concesiones.

Con este movimiento "se ve el talante político del Gobierno central, que lo primero que hace es incumplir un compromiso político con Baleares", porque esta reclamación responde a "una voluntad política", ha declarado.

Según ha recordado el Ejecutivo autonómico, las dos desaladoras están declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno central y el de Baleares no firmaron el convenio para ejecutar las obras. En septiembre de aquel mismo año el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto, la obra y la explotación de las desaladoras, la de Santa Eulària con un presupuesto de 14,19 millones (más IVA) y la de Ciutadella por 12,47 millones (más IVA).

En ambos casos se presentaron modificaciones, con un sobrecoste de ocho millones de euros para la instalación de Ibiza y de 4,5 millones de euros para la de Menorca y las obras finalizaron en el 2011.

El Estado considera que desde entonces se podían haber puesto en marcha las dos desaladoras pero el Govern afirmó que no porque no eran plenamente operativas ya que no estaban conectadas a la red de abastecimiento y, además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio con el agravante que en Ibiza el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión que no llega hasta la desaladora de Santa Eulària.

En diciembre de 2013 las concesionarias, que mantienen las desaladoras terminadas desde 2011, pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron 31 millones de euros para la desaladora de Ibiza y 32,5 millones para la de Menorca.

El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26,1 millones por la desaladora de Santa Eulària y 19 millones por la Ciutadella. El 11 de mayo de 2016, la comunidad recepcionó el uso de ambas instalaciones mediante un acta en la que el Estado entrega la cesión de uso y explotación a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) manteniendo su titularidad y reservándose el derecho de repetir acciones contra la administración balear como consecuencia del pago del rescate de esta concesión.

La comunicación que ha llegado del Ministerio a la Conselleria tiene fecha de 26 de octubre, cuando el Gobierno central estaba en funciones. Por todo ello, Vidal ha lamentado "las prioridades del Gobierno" y ha avanzado que se interpondrá un recurso de reposición contra las resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente y probablemente, un recurso contencioso administrativo delante de la Audiencia Nacional.