La Fiscalía pide a Castro que abra juicio por las obras que dieron paso a la construcción del Palma Arena

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que abra juicio oral por la pieza número 10 de la causa, centrada en la adjudicación presuntamente irregular de las obras que constituyeron los cimientos para la posterior construcción del velódromo palmesano, auspiciada por el expresidente del Govern Jaume Matas, y que supusieron un supuesto desvío de 60.000 euros públicos.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, figuran como acusados el exdirector general de Deportes del Govern y medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester así como los constructores Jaime Navarro, Juan Marqués y Juan Bibiloni, todos ellos por delitos de fraude a la administración y prevaricación.

En concreto, Horrach pide seis meses de cárcel, a sustituir por una multa de 1.080 euros, para Marqués y Bibiloni, mientras que no reclama pena para Ballester y Navarro al ya haber sido condenados en su día por hechos relacionados con los de esta pieza.

Los hechos se remontan a la génesis de la ejecución del Palma Arena, considerada como la infraestructura estrella del último mandato de Matas e investigada desde hace más de siete años por un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros.

Tras encargar Matas en 2004 a Ballester el tratar de obtener de la Unión Ciclista Internacional (UCI) la adjudicación a Palma de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, prevista en marzo de 2007, con el objetivo de que esta licitación sirviera de base para la construcción, sin estudios ni informes, de un velódromo cubierto que acogiera el evento, diseñó junto a Ballester "una estrategia que estriba en situarse al margen de cualquier mecanismo de control", según señaló Castro en su auto de fin de instrucción.

Para ello fueron constituidos el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena -participado por Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento- y la Fundació Illesport, liderada por Ballester, encargada de dar cobertura jurídica a las decisiones adoptadas por el presidente del Govern.

DERRIBO DE NAVES Y CREACIÓN DE ACCESOS VIALES

Entre las medidas a adoptar y que centran esta pieza separada se encontraba el derribo de unas naves que permitiera dar inicio a las obras, el cerramiento del pabellón deportivo de Sant Ferran, la demolición de unas farolas y la creación de accesos viales. Las obras necesarias para llevar a cabo estas actuaciones anteriores alcanzaban un importe aproximado de 60.000 euros.

Según los investigadores, la contratación fue articulada en favor de empresarios que se encontraban entonces presupuestando la construcción de una vivienda unifamiliar para el medallista olímpico y que ya habían sido beneficiados con adjudicaciones directas relacionadas con el polideportivo Príncipes de España.

En su escrito, Horrach, Ballester, a efectos de desarrollar dichas obras sin tener que someterse al procedimiento de concurso público que exigía imperativamente el importe de los trabajos, decidió fraccionar las obras en dos partes: por una parte, la demolición de las naves y, por otra, los cerramientos y accesos viales, de tal forma que la cantidad de cada una de las dos partes no superase los 30.000 euros.

Así las cosas, contactó con un amigo suyo, Jaime Navarro -previsible constructor de su chalet- para ofrecerle la adjudicación de las obras, no sin antes indicarle que buscara otras dos empresas para que presentasen presupuesto y dar apariencia de legalidad al proceso -en el procedimiento negociado deben ser invitadas al menos tres mercantiles para que den a conocer su oferta-.

Así, "siguiendo con la farsa", Navarro elaboró un presupuesto ficticio de su empresa Jaime Navarro SL, y solicitó de Juan Bibiloni y Juan Marqués que elaborasen los correspondientes presupuestos con el concepto e importe que les indicó, "conscientes todos ellos de que su finalidad era simular los dos expedientes de contratación".

Puesto en marcha el proceso y previamente pactado, Construcciones S'Orengar -administrada por Bibiloni- resultó adjudicataria de las obras de derribo, por lo que cobró una transferencia de 29.736 euros; Construcciones Juan Marqués Ferrer se hizo con el contrato para los viales de acceso por la misma cantidad, y Jaime Navarro S.L. percibió tres facturas por un total de 30.000 euros por el cerramiento y el desmontaje de unas farolas. Esta última empresa estaba llevando a cabo a su vez obras por 31.649 en el Príncipes de España.