Ciudadanos pide acabar con las 'diferencias arbitrarias' en el reparto de recursos entre las CC.AA.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas y con ello acabar con "las diferencias arbitrarias" que, según considera esta formación política, tienen lugar en el reparto de recursos.

La iniciativa, que el grupo parlamentario ha presentado para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene como objeto instar al Gobierno "a que en el más breve plazo" impulse esta reforma "con el fin de consensuar entre las diferentes fuerzas políticas, y entre ellas al menos aquéllas mayoritarias", un nuevo modelo de financiación.

La formación liderada por Albert Rivera a apunta cuatro principios en los que debería regirse el nuevo sistema de financiación con el que "resolver las insuficiencias del sistema": la igualdad, la equidad, la transparencia y la corresponsabilidad fiscal

En este sentido, piden que se garantice "un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que residan", que no se produzcan "diferencias arbitrarias" en el reparto de recursos ni tampoco entre los niveles de financiación de cada una de ellas.

Asimismo, en el texto que recoge Europa Press, solicitan que el mecanismo de reparto del sistema "resulte claro y comprensible", y que "se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las Comunidades Autónomas con cargo a sus propios recursos".

El actual sistema, a juicio de Ciudadanos, además de ser "poco transparente y excesivamente complejo", no garantiza la igualdad de acceso a los servicios públicos y genera diferencias de financiación "que no se pueden explicar ni por las diferencias de población ni de las necesidades objetivas de gasto de las mismas", llegando estas a superar el 35%.

Así, la formación política considera que el orden resultante por recursos tras la aplicación del sistema "carece de toda lógica", pues, según han señalado, no existe correspondencia entre la capacidad fiscal de las comunidades y su nivel de financiación resultante.