Una perito de Hacienda rechaza atribuir fraude fiscal a la Infanta Cristina

Una perito de la Agencia Tributaria (AEAT) que, junto a otros tres funcionarios de Hacienda comparece este martes en el juicio del caso Nóos, ha rechazado atribuir fraude fiscal así como cualquier otra actuación irregular a la Infanta Cristina por el hecho de ser socia de la mercantil Aizoon, de la que se habría servido su marido, Iñaki Urdangarin, para defraudar 337.138 euros en 2007 y 2008.

Interrogada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la perito ha aseverado que si se hubiera constatado que la exduquesa de Palma hubiera tenido algún tipo de intervención en este sentido, se habría solicitado su inspección "sin lugar a dudas". "Pero no fue el caso", ha espetado.

De hecho, la funcionaria ha manifestado que del análisis efectuado de la causa, la AEAT únicamente constató que la Infanta "constaba sólo como partícipe al 50 por ciento" de Aizoon, circunstancia que a juicio de Hacienda no es suficiente para atribuir un delito contra Hacienda a la hermana del Rey Felipe VI.

Preguntada asimismo sobre si en algún momento ha recibido alguna orden por parte de sus superiores para exonerar a la Infanta, la perito ha sido tajante: "Nunca, ninguna".

Durante la instrucción de la causa, la AEAT vertió estas conclusiones en un extenso en el que señalaba que para ser partícipe en un delito contra el fisco se requiere "una previa participación consciente dirigida a la defraudación, bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos", lo que no sucedió en el caso de la exduquesa.

La perito ha incidido en que fue Urdangarin quien percibió determinadas retribuciones por labores de asesoramiento a distintas empresas que nada tenían que ver con la actividad de Aizoon, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

La inspectora ha rebatido asimismo las acusaciones contra Hacienda efectuadas por el juez José Castro y la Audiencia Provincial de Baleares en el sentido de haber cambiado de criterio, durante la instrucción de la causa, en relación al papel de la Infanta en estos hechos, lo que ha negado la perito.

El debate gira, en concreto, en torno a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a la empresa Intuit, una de las sociedades instrumentales de Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a doña Cristina puesto que esta salida de fondos no habría sido declarada en el impuesto de sociedades.

De hecho, Castro recogía las afirmaciones efectuadas por la propia Agencia Tributaria en el sentido de que tanto Intuit como Aizoon carecían de la estructura empresarial necesaria para poder acometer y ejecutar los trabajos que constan como concepto en las facturas -servicios de asesoramiento y consultoría-, formaban una única empresa sometida a unidad de decisión y eran "instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos".

Frente a ello, Horrach defiende que las tres facturas, de 2007 y las últimas que se cruzan entre Aizoon e Intuit, suponen un ajuste en el reparto de beneficios que llevaron a cabo Urdangarin y su exsocio Diego Torres cuando el exduque decidió separarse del Instituto Nóos.