La Infanta deberá estar presente en el juicio desde el 10 de junio de acelerarse su desarrollo

El tribunal encargado de juzgar el caso Nóos ha emplazado a la Infanta Cristina y a los otros 16 acusados a estar presentes a partir del 10 de junio en la sala donde tiene lugar la vista oral, siempre que para entonces ya haya finalizado la prueba pericial y documental del juicio. De no ser así, deberán tener prevista su presencia a partir del día 14.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes la presidenta del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, Samantha Romero, quien ha señalado que siempre que no sean "muy extensas" ambas fases -la pericial y la documental- se dará inicio el día 10 a las conclusiones, en las que las partes anunciarán si mantienen o modifican sus peticiones para cada uno de los inculpados.

En concreto, las comparecencias de los peritos han arrancado este martes y, de acuerdo al calendario actual, están previstas hasta el 3 de junio y posteriormente del 7 al 10 de junio, de no finalizar antes. Posteriormente quedarán pendientes la práctica de la prueba documental. Es en las conclusiones de las partes, los informes y el turno de la última palabra donde los acusados deben acudir presencialmente a la sala, tal y como ya hicieron al inicio del juicio.

Junto a la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, también se encuentran acusados el exsocio de éste, Diego Torres, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la mujer de Torres y otros numerosos exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres, a raíz del presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado ambos exsocios a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.

Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.

La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.