
Actualizado el 04/05/2016 07:14 Compartir
Precisamente, la UTE formada por Air Nostrum y Barceló Viajes había presentado en esta ocasión una oferta al concurso del Ministerio del Interior para la adjudicación de estos vuelos, que reducía los precios ofrecidos por Air Europa y Swiftair, que era la actual adjudicataria de este servicio y que aspiraba a renovar la concesión.
En el pliego de adjudicación, Interior explica que tuvo que solicitar la misma documentación al licitador con la siguiente oferta --Air Europa Líneas Aéreas, SAU; y Seiftair, SA-- debido a que la documentación presentada por la UTE propuesta inicialmente por la Mesa de contratación --Air Nostrum y Barceló Viajes-- no cumplía con la totalidad de lo establecido en los pliegos de esta licitación.
Se trata del concurso convocado en enero de 2015, cuando se hicieron públicos los pliegos de condiciones, para renovar a partir de este mes de mayo el servicio aéreo con el que Interior traslada a los inmigrantes y sus custodios de la Policía entre distintos puntos de la Península y al extranjero en ejecución de las deportaciones.
El importe es de 11,8 millones de euros y su duración, 18 meses que empezarán a contar desde este mes, cuando vencerá el contrato que ahora está en vigor y del que también es beneficiaria la UTE entre Air Europa y Swift Air, que la única que concurrió al anterior concurso.
En la fase de evaluación en que se encuentra el proceso, Interior debía sopesar la oferta de Air Nostrum-Barceló, que rebajaba el precio por hora de vuelo de deportación presentado por su único competidor, ya que ofrecía aviones con 9 años menos de antigüedad y menos indemnización en caso de cancelación o modificación en la ejecución de estos traslados.
En concreto, Air Nostrum pedía 7.030 euros por hora de vuelo de deportación con hasta 75 plazas frente a los 9.000 que ofrece Air Europa; 8.215 euros por hora cuando fueran de 76 a 120 plazas (frente a 10.200), 13.260 euros para traslados de hasta 200 personas (16.450 euros Air Europa) y 17.160 euros por hora de vuelo que abonaría el Estado cuando se deportase o trasladase a más de 200 personas, lo que con su único competidor tiene un precio de 21.300 euros.
En la misma línea, también eran menores los precios tanto de los suplementos por posicionamiento en Península y Baleares por pasajero y vuelo, como los de posicionamiento en Melilla, en Canarias o por las estancias en tierra.
Los vuelos de deportación de inmigrantes son considerados operaciones policiales y como tales, tienen carácter reservado. La única institución en España que publica información al respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de la Tortura, que recaba anualmente las cifras de la Agencia para el Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) y el Ministerio del Interior y ofrece datos cuantitativos de las deportaciones por esta vía.
Según el último informe disponible, correspondiente a 2014, el Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 134 vuelos con los que expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de origen o procedencia. El grupo más amplio de vuelos de repatriación fueron nacionales: 80 con destino a Ceuta para expulsar a 1.555 personas a Marruecos y 19 a Melilla con los que se deportó a 82 personas, fletados en ciudades como Jerez, Madrid o Barcelona.
En cuanto a los vuelos internacionales, un total de 18 fueron fletados en solitario por la Comisaría de Extranjería y Fronteras y con ellos se ejecutó la expulsión de 698 personas fundamentalmente a Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador.
En total, el Ministerio del Interior ejecutó la expulsión de un total de 9.410 inmigrantes en 257 vuelos internacionales de deportación fletados en solitario o en colaboración con la Agencia Europea para el Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) entre enero de 2010 y octubre de 2014.
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