
Actualizado el 03/05/2016 14:45 Compartir
Así lo expone en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y en el que el letrado Manuel González Peeters asevera que, de no rendirse cuenta de la "bondad" del acta en un plazo no superior a las 24 horas, la entidad sindical debe ser expulsada "de inmediato".
La defensa se remite a informaciones recientemente publicadas al respecto según las cuales la personación de la entidad sindical "pudiera ser apócrifa, lo que sin duda tendría incidencia en este procedimiento". Se trata de un extremo que, asevera el abogado, "hasta el momento, al menos para esta parte, era de todo punto desconocido".
El abogado recalca que la expulsión de Manos Limpias tendría, entre otros, efectos sobre Ana María Tejeiro, contra quien "sostiene acusación por hechos respecto a los que ni siquiera acusa el Ministerio Fiscal".
"Es evidente que con ello no se está, ni remotamente, manifestando que las imputaciones de las acusaciones tengan atisbo alguno de realidad y tipicidad, pero ello no es la razón de este escrito", incide González Peeters.
En esta línea, el representante procesal de Torres alude a la "inentendible" retirada de acusaciones por parte del sindicato contra el excontable del Instituto Nóos Miguel Tejeiro al inicio del juicio, "lo que auspicia el no descartar, a estas alturas, que los intereses que han guiado a aquél sean los espurios" objeto de investigación en la Audiencia Nacional contra Manos Limpias.
Por su parte, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach anunció la semana pasada que pedirá a la AN testimonio de sus investigaciones en torno a Manos Limpias, tanto la referida a las supuestas extorsiones llevadas a cabo a entidades bancarias como la centrada en la financiación y el funcionamiento interno del sindicato, para aportarla al tribunal que juzga el caso Nóos. Será una vez analizada cuando valore e informe sobre la pertinencia de que la entidad continúe ejerciendo la acusación popular en la causa.
En declaraciones a los medios a su salida de las dependencias donde se celebra la vista oral del caso Nóos, en Palma, señaló que solicitará la documentación en un plazo "relativamente breve". El representante del Ministerio Público remarcó que "primero se valorará la documentación" y después, en función de lo que ésta arroje, se determinará qué petición cursar al tribunal.
En concreto, Manos Limpias es la única acusación que ejerce acciones penales contra la Infanta Cristina, para quien reclama ocho años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido habría cometido en 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son propietarios, Aizoon.
Una hipotética expulsión del sindicato en este caso conllevaría, por tanto, que la hermana del Rey Felipe VI dejase de estar encausada.
El tribunal ya rechazó recientemente que Manos Limpias fuese expulsada del procedimiento judicial, desestimando de ese modo la petición ya realizada en su día por el abogado de Torres -y a la que se adhirió la mayoría de defensas- de que el sindicato dejase de ser parte en la causa. La Sala manifestó que sería en todo caso en sentencia cuando se valoraría esta cuestión.
Se da la circunstancia de que la propia defensa de la Infanta se opuso a la pretensión del letrado de Torres. De hecho, uno de los abogados de la exduquesa, Jaume Riutord, señaló que aboga por que su patrocinada continúe acusada en el juicio y sea en sentencia cuando el tribunal resuelva si debe ser condenada o absuelta de los dos delitos que se le atribuyen.
Del mismo modo, otro de los letrados de la acusada, Juan Segarra, incidió en la conveniencia de que la actuación de Manos Limpias en este procedimiento se valore en sentencia, ya que a su juicio debe ser en esa fase en la que se determine si el sindicato ha ejercido la acusación "de forma espuria y si ha habido temeridad en su actuación".
El aluvión de críticas hacia el papel de Manos Limpias en virtud de las investigaciones de la Audiencia Nacional contra Ausbanc y el sindicato por presuntas extorsiones a entidades bancarias, llevó a la presidenta del tribunal, Samantha Romero, a exigir "rigor" puesto que "no hay una sentencia firme contra nadie". "Hay que respetar el principio de presunción de inocencia", espetó.
La magistrada aseveró en esta línea que no cabe un pronunciamiento "anticipado" en este sentido, toda vez que, subrayó, "no va a añadir nada" a lo dispuesto en el auto con el que el pasado 29 de enero el tribunal acordó que la Infanta continúe en el banquillo de los acusados y rechazó por tanto que le fuese aplicada la denominada doctrina Botín.
En esa resolución, de 85 páginas, la Sala cuestiona de forma tajante la tesis mantenida por el Tribunal Supremo sobre la doctrina Botín y subraya que ésta "no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador" dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial.
En su intervención, la presidenta aseveró que "a los juristas hay que exigirles rigor. Parece que lo importante no es lo que sucede en esta sala, y eso no se puede tolerar. No tenemos una sentencia firme contra nadie y la presunción de inocencia lo es para todos los ciudadanos", incidió.
Por su parte, la abogada que representa al sindicato en este procedimiento judicial, Virginia López Negrete, en su turno de palabra, recalcó que su cliente, como entidad jurídica, "no está siendo investigado ni ha sido imputado".
"Tampoco hay ningún tipo de medida cautelar, y aún así esto no constituiría un motivo suficiente. La única forma de permitirlo sería la suspensión de la propia persona jurídica con la eliminación de los órganos de Manos Limpias, pero ésta está plenamente activa y con plena capacidad de seguir en este procedimiento", remachó.
Tal y como remarcó, es "perfectamente legítima la presencia de esta acusación aquí, a pesar de que muchos pretendan desacreditar la personación de Manos Limpias en numerosos casos".
Romero insistió en que los hechos investigados por la AN son un acto "presuntamente ilícito del que no se ha dado traslado a esta sala. Si el principio de presunción de inocencia rige para los acusados de esta causa, rige todavía más en una investigación que aún está en estado embrionario y de la que no tenemos conocimiento".
El abogado de Torres, por su parte, recriminó que se esté haciendo "un ejercicio proscrito de la acción popular", basándose para su alegato en una sentencia del conocido como caso Maquillaje, en una de cuyas piezas fue expulsada la acusación popular, ejercida por la entidad 'Democracia y Justicia', que reclamaba la absolución de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar.
La presidenta volvió a tomar la palabra para advertirle de que la pretensión del letrado "no está basado en un hecho objetivo". "Interesa acotar su pretensión, lo que no puede hacer en base a un auto en el que se hace referencia a unos indicios; no hay sentencia firme en la que se declaren probados los hechos", insistió la magistrada.
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