La jueza abre la vía para juzgar a los seis hijos de Ruiz-Mateos por una presunta estafa de 13,9 millones

La jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha abierto la vía para sentar en el banquillo a los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos por una presunta estafa, por valor de 13,93 millones de euros, en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca. Asimismo, declara extinguida la responsabilidad penal del fundador de Nueva Rumasa a raíz de su fallecimiento en septiembre de 2015.

Así consta en el auto de transformación a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado la jueza de adscripción territorial María Pascual contra Zoilo, Alfonso, Pablo, Javier y Álvaro Ruiz-Mateos así como contra los representantes legales de la sociedad Calwell Alliance: Zoilo Pazos Jiménez (sobrino del empresario gaditano) y Nicolás Faure.

Los hechos responden a la querella interpuesta en 2011 por Inversiones Grupo Miralles contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos, sus hijos y los dos administradores. Sobre todos ellos pesan presuntos delitos de alzamiento de bienes y societario.

La decisión de no acudir en su día a los llamamientos de la jueza para declarar como imputado provocó que aquélla ordenara la detención del impulsor del 'holding' de la abeja, quien llegó a pasar una noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares a la espera de pasar finalmente a disposición de la instructora.

Tal y como recoge la resolución judicial en virtud de la querella suscrita por la abogada Isabel Fluxà, fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros.

Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.

"Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denuncia la querella.

Los pagarés se fueron abonando hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos y en enero de 2011, "dados los problemas de cumplir el calendario de pagos", se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo por los avales de Clesa. Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, "demuestra nuevamente el engaño por parte de los deudores".

En su querella, Miralles señala que está pendiente de pago un total de 12,81 millones, supuesta estafa que se eleva a 13,93 millones al sumar intereses y actas de Hacienda.

LA JUEZA: "INDICIOS RACIONALES DE UNA GESTIÓN DESLEAL"

En su auto, la jueza apunta a la existencia de "indicios racionales de una gestión desleal" por parte de los querellados, calificando, de hecho, su forma de actuar de "proceder habitual" y aseverando que los Ruiz-Mateos no tenían patrimonio ni activo alguno con el que responder, por lo que "eran perfectamente sabedores de que no podrían restituir el hotel Eurocalas en las condiciones fijadas".

Grupo Miralles amplió posteriormente su querella al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes por vender su hotel Cervantes de Torremolinos a la mercantil Clesa -también propiedad de los Ruiz-Mateos-, "obstaculizando" así su posible embargo.

Según las pesquisas, de las actuaciones se desprenden indicios de que la intención de Montumo -empresa propietaria del hotel Cervantes- era la de "salvar el bien en su propio beneficio, obstaculizando así la vía de ejecución que podría seguir el querellante como titular de un derecho de crédito frente a Montumo en el caso de que ésta no pudiera hacer frente a las obligaciones que había avalado".

Sin embargo, no es éste el único hecho al que hacía alusión la ampliación de la denuncia, puesto que también apunta a la comisión de un delito societario por administración fraudulenta en relación a la constitución, por parte de los Ruiz-Mateos, de una hipoteca sobre el hotel Eurocalas por valor de 19 millones de euros "cuyo destino no ha resultado, hasta el momento, justificado en modo alguno".

"Es evidente que su fraudulenta estrategia e intención de no pagar venía ya desde el inicio de la compraventa, y prueba de ello es que la constitución de la hipoteca se lleva a cabo pocos meses después de la operación", apuntaban los querellantes.

Durante su declaración ante la jueza, los hijos de Rumasa negaron que parte del dinero de la hipoteca constituida sobre el complejo hotelero fuese a parar "a usos personales" o a "paraísos fiscales", al alegar que unos 5,5 millones se invirtieron en obras realizadas en el complejo y el resto "a la caja única" del grupo. La denuncia aseveraba que se trata de un importe que no se ha reinvertido en el complejo sino que "se ha destinado a otros menesteres, probablemente a otras empresas del grupo o al patrimonio personal del clan".

IMPUTADOS EN TRES CAUSAS POR ESTAFA EN BALEARES

Sin embargo, esta causa es tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que los Ruiz-Mateos están bajo el punto de mira en Baleares. Así, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma está siendo investigado por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.

Mientras tanto, los seis hijos de Ruiz-Mateos también están encausados en un procedimiento centrado en una supuesta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó. Se trata de un caso que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien acordó la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales.