El empresario Miguel Zorío niega haber librado facturas falsas a favor del Instituto Nóos

El administrador de la empresa Lobby Comunicación, Miguel Zorío, ha manifestado que las facturas que rechazó la Generalitat Valenciana de cara a la celebración de unos Juegos Europeos que finalmente no tuvieron lugar fueron rechazadas "porque no tenían soporte documental, no porque fueran falsas ni estuvieran falseadas".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración como testigo en el juicio del caso Nóos, en la que ha explicado que trabajó con el Instituto Nóos para la realización de trabajos de consultoría tanto para los denominados Valencia Summit como para los JJEE, y en este sentido ha manifestado que el concepto de las facturas que libró a la entidad presidida entonces por Iñaki Urdangarin "era correcto".

Zorío, quien estuvo imputado durante la instrucción de la causa, ha explicado que los gastos en que incurrió su empresa correspondían principalmente a la contratación de consultores mientras que también se determinaban los gastos futuros que Lobby iba a tener.

En concreto, Lobby emitió en mayo de 2006 hasta un total de 18 facturas contra Nóos por un importe global de 501.480 euros en concepto de honorarios por la realización de proyectos de comunicación para los JJEE.

Cabe recordar que la que fuera subsecretaria de Presidencia de la Generalitat Isabel Villalonga señaló ante el tribunal que rechazó el pago de 123 facturas presentadas por el Instituto Nóos por un importe de hasta 1.983.479 euros al entender que no estaban debidamente justificadas.

Tal y como ha explicado el empresario, él fue quien se encargo de preparar la estrategia de comunicación de los JJEE mientras que Nóos era la entidad que mantenía los contactos con la Administración pública. En concreto, el Instituto cobró 382.203 euros de la Generalitat durante 2006 en virtud del convenio suscrito para preparar este proyecto, a pesar de que, según las investigaciones, los trabajos nunca se llevaron a cabo.

El consultor valenciano ha recordado que mantuvo una reunión en Barcelona con el entonces vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien le trasladó que los JJEE "podían interesar". Más adelante, ha explicado que hubo otro encuentro en el que estuvieron presentes Urdangarin y el expresidente valenciano Francisco Camos en el que "hicimos una hora de ruta", si bien sin abordar el precio del proyecto.

Se trata de un aspecto, el económico, que según Zorío lo trataba a partes iguales con el exduque y con el exsocio de éste, Diego Torres. El empresario ha llegado a definir a su empresa como "boutique de la comunicación" al ser preguntado por los elevados importes que Lobby facturó al Instituto Nóos.

En cualquier caso, ha apuntado que el precio relativo a los JJEE fue determinado por Nóos, desvinculándose así de esta decisión. En concreto, el convenio fue suscrito el 23 de diciembre de 2005 por Víctir Campos Campos en representación de la Generalitat -de la que salieron los fondos-, Torres y Esteban González Pons en nombre de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

PAGO DE SEIS MILLONES

El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin.

Sobre este asunto, el que fuera contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, ratificó en su declaración como acusado que las facturas que fueron entregadas a la Generalitat Valenciana habían sido infladas y reflejaban tales gastos que "jamás se podrían justificar, porque no había gastos suficientes que respondieran a las elevadas cantidades reclamadas".

Algunas de ellas, hasta un total de 14, correspondían además a los foros sobre turismo y deporte que habían sido anteriormente organizados en Baleares, si bien la mayoría "no respondían a gastos reales", como viajes, material de oficinas, gastos de teléfono, servicios fiscales y traducciones, entre otros.

Las facturas no sólo fueron giradas al Instituto sino también a otras de las entidades que integraban el entramado urdido por Urdangarin y Torres para apoderarse de los fondos de las Administraciones públicas, como Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Aizoon, Torres-Tejeiro Consultoría y Shiriaimasu. Ninguna de ellas prestó servicio alguno para los Juegos Europeos.

Tal y como rezaba el convenio suscrito con Nóos por la Generalitat, los objetivos del mismo pasaban por el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.

Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo, como la contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura o favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales.