El Govern denunciará el convenio con el Imserso si no se garantiza un aumento en las dotaciones para gestionar las PNC

La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha anunciado este jueves que el Govern denunciará el convenio con el Imserso si antes del día 1 de noviembre no se garantiza que habrá un aumento en la dotación para gestionar las pensiones no contributivas (PNC).

En concreto, la consellera envió una carta al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para interesarse por esta cuestión, y según informa el Govern en un comunicado, en vista de la respuesta recibida se ha optado por dar este paso.

En una primera misiva, Santiago informaba al ministro que la cuantía transferida por el Imserso a la comunidad autónoma para gestionar las PNC pasó de 368.475 euros en el año 2011 a 3.824 euros al año 2015, y que, por tanto, era necesario revisar, actualizar y aumentar esta aportación. Además, en esta carta, la consellera ya advertía el Ministerio de la posibilidad de denunciar el convenio con el Imserso.

Según destacan, la respuesta a la carta a manos del director del Imserso reconocía un recorte, los últimos cuatro años, en el presupuesto para la gestión de las PNC (gestión que compete al Gobierno pero que asumen algunas comunidades autónomas) y reconocía también los buenos resultados de esta gestión, pero no se comprometía a aumentar la dotación presupuestaria ni a corregir el desequilibrio económico de los últimos cuatro años.

Ante ello, por la "falta de compromiso y por la negativa del Gobierno a hacer una propuesta concreta para equilibrar un desajuste económico", según argumenta Santiago, es por lo que se ha anunciado la posibilidad de denunciar el convenio y devolver la gestión de las pensiones no contributivas en Madrid si antes del 1 de noviembre no se ha corregido el déficit de los últimos cuatro años y garantizado una dotación anual para el año 2016 que se ajuste al coste real de las PNC.

En su última carta al Ministerio, Santiago ha expuesto que "es incomprensible" que, a las comunidades autónomas, se les imponga un techo de déficit, mientras que el Estado recorta las dotaciones que provocan, precisamente, un aumento de este déficit autonómico.