El Govern defenderá ante el Constitucional la Ley de Ordenación Minera

El Govern se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la Ley de Ordenación Minera de Baleares, cuyo artículo 23, que fija las condiciones para la utilización de licencias de minas, ha sido recurrido por el Gobierno Central.

Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Marc Pons, quien ha advertido de que la suspensión de este artículo implica que un promotor pueda iniciar la expropiación de un terreno para explotar los recursos mineros, mientras que antes se le exigía que tuviera la disponibilidad del terreno.

Así se especifica en el artículo recurrido, el 23, que detalla diferentes categorías de explotaciones mineras, entre ellas la categoría C para canteras de gran tamaño y la categoría D de explotaciones mineras ligadas a recursos energéticos como carbón o gas.

La ley determinaba que para que se puedan autorizar explotaciones en estas categorías, los promotores deben contar con la disponibilidad del terreno.

Pons ha criticado que esta ley, aprobada por el PP durante la legislatura pasada, sea ahora recurrida por el PP de Madrid, y ha insistido en que defenderán los intereses de Baleares para evitar que un ciudadano balear pueda ver expropiado su terreno por una explotación minera.

Asimismo, el Consell de Govern ha acordado publicar una declaración de rechazo ante las "injerencias" del Ejecutivo central respecto a la capacidad de regulación normativa que desarrolla Baleares.

En concreto, el Govern se refiere también al recurso de constitucionalidad que Madrid interpuso este mismo mes contra algunos artículos de la Ley de Comercio.

En cuanto a la Ley de Ordenación Minera de 2014, el ejecutivo autonómico se ha mostrado sorprendido por la acción del Gobierno, ya que "en su día todos los grupos parlamentarios trabajaron intensamente en su desarrollo, con propuestas y enmiendas, y fue aprobada con bastante consenso".

"Aunque la competencia en materia de minería es de carácter estatal, el objetivo de la ley ordenadora persigue fundamentalmente la preservación del territorio y la ordenación del sector teniendo en cuenta las peculiaridades de esta actividad en las Islas", ha señalado el Govern, quien ha recordado que la ley básica del Estado es de 1973, y desde entonces ninguna otra normativa básica ha sustituido o actualizado esta ley.

Desde la Abogacía del Govern ya se está analizando el alcance de la interposición de este recurso, y han anunciado que "se adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el equilibrio existente entre el derecho de explotación del sector, el medio ambiente y la compatibilidad de la actividad extractiva con otros sectores económicos estratégicos en las Islas".