Actualizado el 11/07/2015 07:42 Compartir
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa, el objetivo de la misión es "interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas en el Mediterráneo central y meridional", todo ello con el objetivo de "identificar, capturar y eliminar embarcaciones y medios utilizados o que se sospeche son utilizados por los traficantes".
La operación, que tendrá una duración inicial de un año desde que alcance su capacidad operativa plena, se desarrollará en dos fases. En la primera, el objeto es detectar y hacer seguimiento de las redes de migración a través de la recopilación de información y las patrullas en alta mar.
La segunda fase consistirá en el abordaje, registro, incautación y desvío en alta mar de las embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico ilícito de personas; y, por otro lado, de conformidad con una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño concernido, a abordar, registrar y desviar en alta mar, mar territorial o aguas interiores del mencionado Estado las embarcaciones sospechosas.
Por último, se adoptarán todas las medidas necesarias contra una embarcación sospechosa y los medios relacionados, incluso para deshacerse de ellos o inutilizarlos, de conformidad con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño en su territorio.
La participación española consistirá en el despliegue de 12 efectivos repartidos entre el cuartel general de la operación, instalado en Roma, y el cuartel general de la Fuerza, además de un avión de vigilancia marítima y sus unidades de apoyo, con un máximo de 50 efectivos, que tendrá su base en Sigonela (Italia).
La vicepresidenta ha explicado que, dependiendo de la evolución de la situación y el posible avance a las sucesivas fases de la operación, la contribución española podría incrementarse con medios marítimos, de apoyo o aéreos hasta desplegar un máximo de 250 efectivos.
Sáenz de Santamaría ha adelantado que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, tiene previsto solicitar al Congreso la necesaria autorización de la misión --como obliga la Ley de Defensa Nacional-- en el Pleno de la semana que viene.
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