La mayoría de CCAA se rebelan contra Hacienda, que impone los objetivos de déficit y deuda 2016-2018

Un total de nueve Comunidades Autónomas, entre ellas Baleares, ha votado en contra de los objetivos de déficit y deuda para el trienio 2016-2018 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles, en el que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha utilizado en segunda vuelta su mayoría para aprobar las cifras. Otros seis votos han sido a favor y ha habido una abstención.

Los objetivos han salido adelante en segunda votación, en la que el Ministerio tiene el 51% de los votos, y se mantienen según lo propuesto por Hacienda: el déficit del 0,3 para 2016, del 0,1 para 2017 y 0 para 2018.

Las nueve autonomías que han rechazado las cifras son Canarias y Cataluña y las siete gobernadas por el PSOE: Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía. Las que han votado a favor son las cuatro gobernadas por el PP excepto Castilla y León: La Rioja, Galicia, Madrid y Murcia, así como Ceuta y Melilla. La Junta que dirige Juan Viciente Herrera ha optado por la abstención. Cantabria, Navarra y País Vasco no han participado en la votación.

Los gobiernos críticos han coincidido en acusar a Hacienda de imponer un reparto del déficit entre administraciones que perjudica a las comunidades y beneficia, a su juicio, al Estado, al que da más margen cuando son ellas las que asumen las políticas más costosas: educación, sanidad y servicios sociales.

UNA ADMINISTRACIÓN CENTRAL "SOBRADA"

El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, ha insistido en sus críticas a este objetivo "irreal e ilegal", además de "injusto". "Insistiremos en no aceptarlo y en que se revise", ha dicho. Y ha explicado que ha exigido que el próximo Consejo de Política Fiscal encargue a la Autoridad Fiscal Independiente un informe sobre este reparto de déficit. "No damos el tema por cerrado", ha advertido.

También ha criticado que la mejora de ingresos tributarios no se reparta entre las autonomías, con más avances del sistema de financiación o con otro calendario de devolución de liquidaciones de ejercicios anteriores.

"Es muy inapropiado que este año estén aumentando los ingresos tributarios, que el gobierno central esté disponiendo de ellos para finalidades varias, como reducir impuestos, y que las comunidades no vean nada", ha expuesto.

A su juicio, los anuncios de rebajas fiscales que hace el Gobierno de Mariano Rajoy "dan toda la impresión de que la administración central anda un tanto sobrada". "Por ahí deben venir los ajustes", ha reclamado.

CRÍTICA SOCIALISTAS

Los gobiernos socialistas han votado en bloque en contra. La andaluza María Jesús Montero ha acusado al Ministerio de Hacienda de "insensibilidad" por imponer su voto de calidad en la segunda votación para aprobar las cifras contra la mayoría de CCAA.

El responsable de Hacienda y Administración Pública de Aragón, Fernando Gimeno, considera que "no se puede pedir" a las comunidades autónomas, las Administraciones que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales, que pasen de un objetivo de déficit del 0,7% a uno del 0,3%. A su juicio, es "inadmisible" que el Gobierno exija "recortes" mientras "habla de una situación económica tan positiva a nivel general".

Para el consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, el reparto del déficit que propone el Ejecutivo central es "absolutamente injusto" para las autonomías, las cuales ya han hecho "todos los sacrificios" que podían hacer.

Tras señalar que el problema de su comunidad y de muchas otras es la falta de ingresos y que eso se soluciona con un nuevo sistema de financiación, ha pedido al Gobierno que, mientras no se cambie el sistema, habilite "alguna solución" antes de que las comunidades caigan en un "abismo fiscal" que les impida financiar servicios básicos.

La consellera balear, Catalina Cladera, se ha sumado a estas críticas y ha exigido una mejor distribución "vertical" entre la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Desde Castilla-La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz ha calificado de esfuerzo "exagerado" el que se exige a las autonomías y ha avisado de que esta medida "no contribuye en nada al estado del bienestar" que las comunidades deben garantizar a sus ciudadanos.

Además, ha censurado que esta exigencia se contrapone a las rebajas fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su juicio de marcado carácter "electoralista". "Si tiene margen para hacer rebajas fiscales, debe contribuir más al déficit que corresponde al Estado", ha proclamado.

También se ha opuesto el consejero de Canarias, Javier González Ortiz, quien ha calificado de "poco serio" tener que pronunciarse sobre los objetivos de estabilidad sin conocer los ingresos previstos para el próximo año. González Ortiz ha utilizado además su último turno para volver a pedir al ministro una reforma del sistema de financiación, desde la "legitimidad" de representar a una comunidad que cumplió los objetivos en 2014.

EL VOTO DISIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PP

Castilla y León ha roto el voto a favor de las comunidades gobernadas por el PP a la propuesta del Ministerio y ha optado por la abstención. Considera que los límites de déficit impuestos por Montoro son "muy exigentes" y no se adaptan a la estructura de gasto público que deben asumir las autonomías, lo que hará "muy difícil" que la comunidad pueda cumplirlos, según ha adelantado la consejera Pilar del Olmo.

Sin embargo, ha reconocido el beneficio que les supone el aumento "importante" de las entregas a cuenta y la liquidación positiva que recibirá la comunidad correspondiente al año 2013, que les permitirá contar con más fondos el próximo ejercicio.

Tanto la Comunidad de Madrid como Murcia, Galicia y La Rioja se han mantenido en el voto a favor. La madrileña Engracia Hidalgo ha defendido que la senda de estabilidad "ha permitido que este país haya salido de la crisis".

"Esa es la clave del crecimiento, el pilar básico", ha dicho en este mismo sentido el consejero murciano, Andrés Carrillo. Ha asegurado además que ha arrancado al ministro el compromiso de que se reúna próximamente el comité técnico para la valoración del sistema de financiación, con el objetivo de estudiar una modificación del sistema y "de manera muy rápida" poner en marcha uno nuevo.