El Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minas de Baleares

El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra un precepto de la ley de ordenación minera de las Islas Baleares, de octubre de 2014, y va a solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que acuerde su suspensión.

Según el Ejecutivo, la norma autonómica regula las condiciones especiales para la solicitud de derechos mineros de forma contraria a lo dispuesto en la Ley de Minas para todo el territorio español y, por ello, en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes ha acordado recurrirla.

Un artículo de la ley autonómica señala que "con carácter general, los terrenos están considerados como no registrables" y, sin embargo, según el Gobierno, es "potestad estatal declarar el carácter no registrable de los terrenos" para el aprovechamiento de los recursos mineros.

En este sentido, sostiene que "no está previsto que un territorio tan amplio como toda la extensión de una Comunidad Autónoma se declare como no registrable" ya que "eso impediría, en la práctica, que se pudieran solicitar concesiones o permisos de investigación" en la región.

Asimismo, el Gobierno central argumenta que en el artículo 128.1 de la Constitución Española se recoge que "toda riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general": "No puede admitirse que la Comunidad Autónoma de Islas Baleares establezca prohibiciones desproporcionadas para otorgar cualesquiera derechos mineros que puedan dar lugar a la privación de recursos relevantes e incluso eventualmente esenciales o estratégicos para el interés general", añade.