Actualizado el 20/05/2015 13:23 Compartir
El vehículo ha traspasado la puerta del Palacio de Justicia sobre las 11.20 horas, custodiado por agentes de la Policía Nacional así como por la secretaria judicial y varios funcionarios del Juzgado. El traslado ha generado además una amplia expectación mediática.
Antes de que desplazarse hasta la Audiencia, los encargados de la compañía de transportes han ido introduciendo en el camión, estacionado en el patio de los Juzgados de Vía Alemania, los numerosos tomos que han permanecido en cajas y carpetas desde primera hora en uno de los pasillos de las dependencias judiciales, donde se encuentra el despacho de Castro.
A su llegada a los Juzgados, que ha coincidido con la recogida de los tomos, Castro ha subrayado que "no sé si bien o mal, pero el trabajo se ha hecho". Preguntado por los numerosos periodistas que aguardaban la salida de las cajas, el juez ha destacado que "ahora lo que toca es que otras personas sean las protagonistas, y otros lugares también". "Es lo que toca", ha insistido.
Ante el volumen que ocupan los tomos y que han permanecido en uno de los pasillos de las dependencias judiciales a la espera de ser llevados hasta el camión, Castro ha destacado que a partir de ahora el despecho se le ha quedado prácticamente "libre, aunque no todo". Inquirido finalmente sobre si es el caso de mayor complejidad que ha tenido sobre su mesa, ha manifestado: "bueno, también ha habido otros".
Se ha producido así el traslado físico del procedimiento judicial, que ya fue remitido este lunes en formato digital, dentro de un disco duro, de cara a su enjuiciamiento.
Durante estos años Castro se ha volcado en investigar las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, así como el papel desplegado por la Infanta Cristina en Aizoon, empresa de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, y que se nutrió de más de un millón de euros de la trama. Hasta un total de 18 acusados serán juzgados en esta causa.
El tribunal que enjuiciará la causa estará formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y la magistrada que -por turno de reparto entre diez magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia- ha sido designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero.
El mismo tribunal fijará más adelante la fecha para la celebración de la vista oral, una vez la ponente se instruya suficientemente en la causa.
Además de los Duques, también serán juzgados, en relación con el papel del Instituto Nóos, el propio Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.
En el ámbito balear, se sentarán en el banquillo el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, serán juzgados el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar. También se encuentra en la lista la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.
También está previsto que declaren centenares de testigos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
El recién elegido presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino, estima, tal y como apuntó tras su nombramiento, que el juicio del caso Nóos podría durar unos "tres o cuatro meses", durante los cuales la vista oral se desarrollará "de forma intensa" sin que ésta "afecte" al trabajo ordinario de este órgano judicial.
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