Castro embarga a la Infanta y al Duque los fondos que tienen ingresados en un Juzgado de Palma

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha acordado embargar la mitad de los fondos que la sociedad Aizoon, propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma, tiene ingresados por importe de varios miles de euros en un Juzgado de Primera Instancia de Palma -a raíz de la reclamación de un impago-, con el objetivo de cubrir parte de la fianza civil de 2,1 millones que pesa sobre la Infanta Cristina.

Asimismo, el magistrado ha decidido causar traba sobre el 50 por ciento del mismo depósito a fin de responder, en su caso, a la caución de 13,6 millones a la que tampoco hizo frente Iñaki Urdangarin en el marco de esta causa.

Las cantidades obran retenidas, en concreto, en el Juzgado de Primera Instancia número 23 de la capital balear y corresponden a un Expediente de Ejecución de Títulos Judiciales a favor de Aizoon, a raíz del impago de las rentas de alquiler de un piso que los Duques tenían arrendado a una inquilina a través de su sociedad.

De forma paralela, el juez ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Infanta de que el magistrado le rebaje a 449.525 euros la fianza total de 2,7 millones que le impuso el pasado mes de diciembre. La Duquesa abonó en su día 587.413 euros, por lo que le restarían por pagar 2,1 en caso de que Castro mantenga la cantidad decretada.

Se trata, la cantidad de 587.000 euros, de la misma cifra que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para la hermana del Rey Felipe VI al considerar que ésta se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.

Los fondos responden al supuesto fraude del que se habría beneficiado a través de Aizoon, empresa cuya titularidad comparte al 50 por ciento con su esposo y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado. Con su sociedad, Urdangarin habría defraudado hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Anticorrupción sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido defraudó a Hacienda a través de la anterior mercantil 'pantalla'.

Por otro lado, Castro ha dictado otro auto con el que acuerda embargar los activos financieros de los que pudiera disponer en varias entidades bancarias otro de los acusados, Salvador Trinxet, quien habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional de los fondos del entramado. Sobre el inculpado pesa una fianza civil de 1,3 millones de euros.