
Actualizado el 05/05/2015 13:54 Compartir
En un comunicado, el grupo ecologista ha explicado que ya ha presentado un escrito, durante el periodo de consultas, para hacer constar algunos puntos que habría que incorporar en la valoración ambiental de la iniciativa.
Según ha indicado, el nuevo proyecto "prevé prospectar con potentes cañones de aire comprimido una amplia zona del Golfo de León, entre las costas de Cataluña y Menorca, a cargo de la compañía Seabird Exploration". El GOB considera este caso "especialmente preocupante porque esta empresa figura en un informe del Govern
como la presunta autora, en abril de 2013, de prospecciones hechas sin autorización.
El GOB ha expuesto ante el Ministerio la "imperiosa necesidad" de valorar los potenciales impactos de este proyecto de manera conjunta con los otros que se encuentran en tramitación en el entorno de Baleares (Cairn Energy, Repsol, Spectrum y el propio Seabird).
La entidad recuerda que la ley de evaluación ambiental obliga a considerar los llamados "impactos sinérgicos", esto es, los que se acumulan sobre una misma zona. Por tanto, no creen "de recibo" que los potenciales riesgos ambientales se estén evaluando por separado.
Asimismo, el GOB ha hecho hincapié en que el área donde se harían estas prospecciones "coincide también con la previsión de la zona donde quiere operar la compañía Spectrum", con lo que "una misma zona podría ser prospectada dos veces, sin que esto se esté teniendo en cuenta en los estudios de impacto ambiental".
Además, las olas sísmicas pueden recorrer fácilmente los 500 kilómetros de distancia, de forma que la mayor parte del mar cercano a las Islas, podría recibir impactos sonoros cada vez que alguno de los proyectos en tramitación se ponga en marcha.
En el escrito del GOB se advierte que la zona prevista por Seabird entra en el corredor de cetáceos del Mediterráneo, que incorpora varias especies estrictamente protegidas, por lo que "no es un impacto que parezca compatible".
La entidad también recuerda que la Ley de impacto ambiental obliga a consultar en otros estados europeos que se puedan ver afectados por un proyecto determinado. En este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores tendría que pedir el parecer de Francia y de Italia.
"Las prospecciones sísmicas que se están tramitando pretenden abrir la vía a posibles explotaciones de yacimientos submarinos de hidrocarburos en el entorno del archipiélago. Los riesgos ambientales de la extracción submarina de petróleo están por desgracia suficientemente documentados. Además de las nefastas consecuencias sobre los sistemas naturales, en este caso supondrían un riesgo gravísimo para las zonas de litoral, tanto isleño como peninsular, donde el turismo representa un pilar económico de interés estatal", ha declarado el GOB, que pide que esta consideración sea incorporada a las matrices que tienen que valorar los efectos económicos potenciales de cada proyecto.
Finalmente, ha advertido que hay una "cierta confusión" en el expediente de Seabird. Según explican, esta empresa ya había empezado a tramitar el expediente en 2011, pero se hace archivar porque la compañía no presentó la documentación ambiental a tiempo, a pesar de haber recibido varios requerimientos.
Ahora se ha empezado de nuevo con un número de expediente diferente, pero "todavía aparece el número antiguo como si se continuase tramitando". "El tema no es menor en empresas que se sabe que tienen gran capacidad de presión sobre los gobiernos. Y más en este caso, donde se trata de una compañía que ya ha sido señalada oficialmente como autora de prácticas no autorizadas", concluye el grupo ecologista.
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