Actualizado el 05/05/2015 08:15 Compartir
"Esta entidad podrá tener más o menos recursos materiales y humanos, pero esta circunstancia para la actividad desarrollada por la sociedad no es determinante", subraya el marido de Cristina de Borbón en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, subrayando que la utilización de esta empresa para la realización de tareas de consultoría o asesoramiento "es una opción legítima, no una elusión ilícita ni una simulación".
La defensa de Urdangarin rebate de este modo las conclusiones vertidas por la Abogacía del Estado en su escrito de calificación provisional, en el que subraya cómo a través de Aizoon, que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, el Duque defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Es más, en uno de los numerosos informes que la Agencia Tributaria ha entregado a lo largo de la instrucción del caso, Hacienda señalaba que la mercantil carecía de la organización mínima de medios de producción, tanto materiales como humanos, necesarios para el normal desarrollo de su labor de asesoramiento.
La AEAT incidía así en el hecho de que la empresa propiedad al 50 por ciento de los Duques facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin", por hasta un total de 1,6 millones de euros, a fin de que estos ingresos pudieran ser ocultados en la declaración de su IRPF, haciéndolos pasar como rendimientos de actividades profesionales procedentes de sus asesoramientos.
En concreto, las empresas de las que cobró Urdangarin por esas consultorías son Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde.
Hacienda recalca que, para defraudar, el Duque utilizó un concepto distinto en la descripción de los servicios facturados que no estaba sujeto a retención, y se sirvió de Aizoon como 'tapadera' para cobrar las asesorías como si se tratara de rendimientos de actividades económicas y no de trabajo personal.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, sostiene que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón. "La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda al respecto en su escrito de acusación.
Unos hechos por los que la entidad reclama para la Infanta ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales y multas que ascienden a 2.022.861 euros por contribuir a que su marido pudiese defraudar a Hacienda a través de Aizoon. Manos Limpias apunta así a que, con su actuación, la hermana del Rey Felipe VI permitió que Aizoon "sirviera de instrumento para la comisión delictiva".
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