El juez requiere a la Infanta un listado de bienes de cara a su embargo

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha iniciado los trámites para que la Infanta Cristina y otros acusados del caso Nóos le hagan entrega de una relación de bienes con los que responder a las fianzas de responsabilidad civil que pesan sobre ellos y que el magistrado les impuso en el auto con el que el pasado mes de diciembre acordó enviarles al banquillo de cara a su enjuiciamiento.

El juez ha dado tres días a los inculpados -excepto a Marco Antonio y Miguel Tejeiro, que ya han presentado su listado- para que entreguen una relación de cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y bienes inmuebles con los que responder a las cauciones, que suman 61,3 millones de euros en total.

Únicamente dos de los procesados han abonado sus fianzas. Se trata del que fuera director general de Deportes en el último mandato de Jaume Matas, el medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester -que pagó 52.601 euros-, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen -quien presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros-. Por su parte, la Infanta abonó en su día 587.413 euros de la cantidad global que se le exige y que se eleva a 2,6 millones de euros.

Una vez comprobado el valor del patrimonio señalado, el juez Castro procederá a su embargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que alguno de los procesados no designase bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.

Junto a la Infanta, también deben entregar su listado de bienes el expresidente del Govern Jaume Matas y el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal (a quienes de forma conjunta con Ballester el Castro les impuso una caución de 3,5 millones de euros); el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado (2,7 millones para ambos) y el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón (4,1 millones).

Del mismo modo deben proceder el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet (sobre quien pesa una fianza de 167.421 euros) y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía (155.421 euros), Ana María Tejeiro (sobre quien, junto a su marido, Diego Torres, pesa una fianza de 15,8 millones) y al abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet (1,2 millones).

Por su parte, el también exdirector general de Cacsa José Manuel Aguilar tiene recurrida su fianza, 1,3 millones de euros, ante el juez Castro.

Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.

CANTIDADES DEFRAUDADAS

Más en concreto, derivan de los 1,2 millones de euros que costó la organización, por parte de Nóos, del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones por el segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, responden al cobro de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detallaba cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.