La Audiencia confirma las condiciones que impuso Castro para la venta de Pedralbes

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado las condiciones que impuso el juez José Castro para autorizar la venta del palacete que los Duques de Palma poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes, y que pasan por que el matrimonio deposite en el Juzgado los 2,3 millones de euros que obtendrían por la mitad del inmueble embargada a Iñaki Urdangarin como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse del caso Nóos.

El tribunal de la Sección Segunda ha desestimado así el recurso de apelación que Manos Limpias, personada como acusación popular, interpuso contra la autorización de la venta.

Entre otros motivos, el sindicato recriminaba que el matrimonio no ha aportado ningún tipo de documentación que acredite que el precio de la operación inmobiliaria, 6,95 millones de euros, es realmente el mejor precio del mercado, por lo que no puede descartarse que pueda ser vendido a un precio superior.

Ante esto, la Sala asevera tajante que la entidad "no distingue adecuadamente entre el ser y el poder ser, entre la realidad y la ficción", al sostener que "es prácticamente seguro que el precio concertado no es el mejor de los teóricamente posibles".

"Si existiera una oferta que mejorara dicho precio la resolución debería ser otra, pero la realidad es la que es", abunda la Audiencia, que recrimina que ni Manos Limpias "mejora la oferta ni presenta a nadie que lo haga; se limita a señalar que no se acredita que el precio ofertado sea el mejor de los posibles. Tal acreditación no es posible".

Del mismo modo, el sindicato alegaba que no se ha probado ni se va a probar la procedencia de los 6,95 millones de euros y que "debe vigilarse su origen" para prevenir un posible blanqueo de capitales, a lo que el tribunal señala que si se cometiera este delito "en un futuro próximo, deberá ser perseguido".

Sin embargo, los magistrados recalcan que "las posibilidades de futuro que pronostica el apelante no desvirtúan el derecho a la presunción de inocencia que ampara a los imputados por los hechos que se les atribuye en esta causa, ni justificarían medidas excepcionales de vigilancia propias de un derecho penal de autor que no encuentra acomodo en nuestro ordenamiento jurídico".

"La prevención de blanqueo de capitales se efectuará conforme a lo que determina la legislación vigente y no atendiendo a inconcretas sospechas", remarca la Sala en su auto.

Manos Limpias sostenía asimismo, en un anterior recurso, que la Infanta Cristina podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes con la venta de la casa, puesto que la operación impediría que el inmueble pueda ser embargado tras no haber hecho frente, en su caso, a la fianza civil de 2,6 millones de euros que decretó Castro contra ella.

Por su parte, Urdangarin, que también recurrió ante la Audiencia el auto de Castro si bien aún no ha sido resuelto, reclama poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF de 2009- con los fondos que obtendría con la operación inmobiliaria.

Y es que en la resolución recurrida, el juez Castro severa que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria (AEAT) no deriva de la supuesta comisión de ningún delito fiscal investigado en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete "no tiene como finalidad garantizar ese crédito".

Asimismo, señalaba que la "preferencia" que el marido de la Infanta quiere dar al dinero que obtenga de la venta "podría tener sentido si el crédito que ostentara la AEAT lo fuera por razón de tributo que gravara periódicamente la finca a enajenar", y añadía que este pago "hubiera podido gozar de cierta preferencia si la Administración Tributaria hubiera accedido al Registro de la Propiedad y anotado preventivamente el embargo de la finca con prioridad a que lo hiciera este Juzgado".

AUTO DE CASTRO "NO AJUSTADO A DERECHO", SEGÚN URDANGARIN

La defensa del Duque asevera, sin embargo, que la resolución dictada por Castro con los términos para llevar a cabo la operación inmobiliaria no se ajusta a derecho y asegura que, en el caso de que el magistrado le permitiera saldar su deuda con Hacienda con el dinero procedente de la venta, podría igualmente depositar en el Juzgado la suma "nada despreciable de más de 2,1 millones de euros", tal y como aseveraba en un anterior recurso.

Es más, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, comparaba su situación con la del exsocio de éste, Diego Torres, al recordar cómo el Juzgado autorizó el desbloqueo de 271.272 euros los fondos que le fueron intervenidos en una cuenta de Luxemburgo, "que había resultado previamente embargada de un monto superior, localizado y trabado en el extranjero".

Cabe recordar que la mitad del palacete le fue embargada al Duque tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con Torres.