Manos Limpias pide al Juzgado que averigüe los bienes de la Infanta de cara a su embargo

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha presentado un escrito ante el juez José Castro para solicitar que se averigüen los bienes y derechos de los que sean titulares los acusados que no han hecho frente a las fianzas civiles que se les exigen, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina, a fin de que pueda procederse a su embargo.

Mediante su petición, a la que ha tenido acceso Europa Press, la entidad reclama que se lleven a cabo estas diligencias excepto en el caso de los dos únicos procesados que han hecho frente al pago de fianzas: el que fuera director general de Deportes durante el último mandato de Jaume Matas, José Luis 'Pepote' Ballester, y la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.

Ballester, medallista olímpico, hizo efectivo el pasado miércoles el pago de 52.601 euros. En concreto, el magistrado le impuso, de forma conjunta con Matas y el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, una caución de 3,5 millones de euros. Por su parte, Coghen presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros, cantidad que el juez decretó para ella.

En el caso de la Infanta, ésta abonó 587.413 euros de la cantidad global que se le exige, 2,6 millones de euros. Precisamente, el sindicato hace especial hincapié en ella al aseverar que la hermana de Felipe VI posee bienes suficientes para hacer frente a la caución que le fue impuesta.

En un comunicado, la entidad asevera cómo, según "nos hemos hecho eco estos últimos días de Semana Santa, alardea de un ritmo de vida desde luego nada coherente con el no depositar, como cualquier otro ciudadano, la fianza de más de dos millones de euros que le corresponde consecuencia de estar acusada como cooperadora necesaria, de dos delitos fiscales".

En caso que los procesados no hagan efectivos de forma definitiva los depósitos, el juez les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Castro decretó las fianzas para los acusados a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos, a través de la cual se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de las administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.