El Gobierno dedicará en la legislatura 110.000 millones a salvar las cuentas autonómicas, el 36%, para Cataluña

No habrá reforma del sistema de financiación autonómica, pero las comunidades concluirán esta legislatura habiendo recibido 110.000 millones de euros en préstamos del Gobierno, obtenidos por el Tesoro en los mercados, para poder cuadrar sus cuentas. Un 36 por ciento del total ha ido destinado a Cataluña, 40.144 millones en cuatro años, y otro 25 por ciento, a la Generalitat Valenciana, 27.694 millones de euros.

Se trata de tres herramientas: el fondo de liquidez autonómica (FLA), mantenido de 2012 a 2015, el fondo de facilidad financiera, abierto sólo este año, y los planes de pago a proveedores de 2012, 2013 y 2014. Exceptuando el País Vasco, todas las autonomías se han sumado a una de estas modalidades en algún momento, aunque las diferencias son abismales entre unas y otras.

Tras conocerse esta semana el reparto de los dos fondos de financiación para 2015, sumados todas las modalidades y todos los ejercicios se alcanzan los 110.000 millones y el Tesoro del Estado es responsable del 90 por ciento de las emisiones de las administraciones españolas, una concentración que el Gobierno considera beneficiosa.

¿Y qué se ha pagado con este dinero? Las comunidades han podido cubrir vencimientos de deuda, devolver el dinero de más que recibieron por el sistema de financiación en años pasados, pagar intereses y cumplir con miles de proveedores de la educación, sanidad y servicios sociales, pero también obras, suministros o subvenciones.

Tanto la oposición como varias comunidades han criticado al Gobierno que estas vías de liquidez multimillonaria hayan suplido la reforma del sistema: en vez de repartir el dinero según nuevos criterios de financiación, para que cada cual lo gaste con independencia, Hacienda ha diseñado unas herramientas para prestarles dinero que implican un control, elaborar planes de ajuste, cumplir algunas condiciones y enviar periódicamente información al Gobierno

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido que no se podía reformar el sistema con los ingresos hundidos y cuando no había dinero que repartir. A cambio, no ha llevado hasta el extremo la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, que prevé la intervención de una autonomía por incumplimiento reiterado de sus compromisos, así como multas.

EL GRUESO, PARA CATALUÑA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

Hacienda ha dado a conocer el reparto del 75 por ciento del FLA de 2015. Sumados todos los ejercicios, con este fondo se habrá repartido casi 70.000 millones entre las comunidades que no cumplían el objetivo de déficit y no lograban financiación en los mercados.

Cataluña recibirá en los cuatro años 33.678 millones, la mitad del total, y la Comunidad Valenciana otros 20.174. Andalucía habrá obtenido 11.434 millones de euros; Castilla-La Mancha, 4.537; Murcia, 3.231; Baleares, 2.613 Canarias, 2.577; Cantabria, 1.224; Asturias, 782 y Extremadura, 178 millones.

Ni Madrid ni Galicia, Aragón, Castilla y León y La Rioja han recurrido al FLA, por entender que es un estigma ante los mercados en los que quieren seguir financiándose y porque no quieren perder independencia. Sin embargo, todas ellas menos Madrid se han sumado al nuevo fondo de facilidad financiera creado este año para las comunidades cumplidoras con el déficit y la deuda, que logran así un tipo de interés cero.

MADRID, CONTRA LOS FONDOS

La excepción es Madrid, que mantiene una oposición numantina a estos fondos de Hacienda; el Gobierno autonómico prefiere financiarse por sí solo y argumenta que los mercados le penalizarían por sumarse en algún momento a estas vías de liquidez. El Ministerio, sin embargo, argumenta lo contrario y facilita cifras de los ahorros que, según sus cuentas, se pierde la Comunidad madrileña.

Este fondo de facilidad financiera repartirá en 2015 un total de 11.400 millones y a él se han pasado comunidades que han estado hasta 2014 en el FLA, pero que ahora cumplen con el déficit y la deuda, como Andalucía (obtendrá 2.962,84 millones), Baleares (998,71 millones), Canarias (958,14) y Asturias (508,84). Se suman también Castilla y León (2.003,63 millones); Galicia (1.542,5); Aragón (1.193,51), Extremadura (476,51 millones), Navarra (446 millones) y La Rioja (245).

Hacienda ha puesto en marcha este año un tercer fondo, llamado Social, con el que facilitará financiación a las autonomías para que salden deudas con las entidades locales por convenios que no les hayan pagado. Se trata de la mitad de las comunidades (Aragón, Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) y las cifras finales están a la espera de que las entidades locales revisen los datos.

30.000 MILLONES PARA PROVEEDORES

La otra gran pata de la liquidez facilitada a las autonomías la han formado los planes de pago a proveedores, creados para terminar con las llamadas 'facturas en los cajones' y saldar las deudas de las administraciones con miles de empresas y autónomos.

Han tenido tres ediciones, de 2012 a 2014. En este año, se aprobaron nuevas leyes que obligan a pagar a tiempo si no se quiere que Hacienda detraiga esa deuda en último extremo de la financiación autonómica.

Todas las autonomías del régimen común salvo Galicia se han sumado a estos planes, aunque no todas en todos los años: 17.704 millones en conjunto en 2012, 4.544 millones en 2013 y 7.970 en 2014. En total, 30.218 millones de euros que han pagado millones de facturas sobre todo en la Comunidad Valenciana (7.519 millones en tres años), Cataluña (6.465 millones) y Andalucía (4.955 millones).

Del resto de comunidades cabe señalar que Madrid ha obtenido con estos planes 1.346 millones, Castilla y León 1.052 o Aragón 512.

AHORROS

Estas cuentas no incluyen otro capítulo que Hacienda destaca, los ahorros que están consiguiendo las comunidades por ahorro de intereses, al ir mejorando las condiciones de estos créditos.

Entre 2012 y 2015, los cálculos del Gobierno dan un ahorro a favor de las comunidades de 12.165 millones de euros considerando todo el plazo de las operaciones formalizadas.