Actualizado el 25/02/2015 19:09 Compartir
En el recurso de apelación que ha presentado de cara a su resolución por parte de la Audiencia Provincial de Baleares, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Urdangarin subraya que, "como no se le permite" saldar su deuda con el importe de la venta del palacete "porque no le autoriza el Ilustrísimo Señor Magistrado-Juez de Instrucción" -en alusión a Castro-, "se ve en la obligación procesal de insistir en ello".
El marido de la Infanta Cristina insiste en que en el caso de que se le permitiera pagar a Hacienda con el dinero procedente de la venta, podría igualmente depositar en el Juzgado la suma de 2,1 millones de euros, en lugar de los 2,3 millones que debería abonar por la mitad del inmueble embargada al Duque como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa.
"No se estaría haciendo discriminación positiva e injustificada alguna", incide el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, quien recalca además que su patrocinado y Cristina de Borbón "serían los primeros acusados" del caso "que están contribuyendo a la reparación del supuesto y presunto daño causado".
"¡Es a la Agencia Tributaria a quien mi mandante quiere pagar con el producto de la situación de Urdangarin con la del exsocio de éste, Diego Torres, al recordar cómo el Juzgado autorizó el desbloqueo de 271.272 euros los fondos que le fueron intervenidos en una cuenta de Luxemburgo, parte de los cuales -113.272 euros- fueron destinados a la AEAT por el impago también del IRPF.
El juez Castro, mediante un auto dictado este miércoles, ha dado cinco días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre el recurso de Urdangarin, tras lo cual Castro lo elevará a la Audiencia de cara a su resolución.
En la resolución recurrida, el juez alegaba que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria no deriva de la supuesta comisión de ningún delito fiscal investigado en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete "no tiene como finalidad garantizar ese crédito".
Asimismo, señalaba que la "preferencia" que el marido de la Infanta quiere dar al dinero que obtenga de la venta "podría tener sentido si el crédito que ostentara la AEAT lo fuera por razón de tributo que gravara periódicamente la finca a enajenar", y añadía que este pago "hubiera podido gozar de cierta preferencia si la Administración Tributaria hubiera accedido al Registro de la Propiedad y anotado preventivamente el embargo de la finca con prioridad a que lo hiciera este Juzgado".
Cabe recordar que la mitad del palacete le fue embargada al Duque tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con Torres.
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