Las acusaciones disponen hasta las tres de este miércoles para pronunciarse sobre la venta de Pedralbes

La Fiscalía Anticorrupción y resto de acusaciones del caso Nóos disponen hasta las 15.00 horas de este miércoles para pronunciarse sobre los escritos presentados la semana pasada por los Duques de Palma, con los que solicitan autorización de cara a la venta de la vivienda que poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes.

En concreto, el plazo concluía este mediodía si bien cuentan, tal y como concede la jurisprudencia, con un día de gracia para poder presentar sus alegaciones. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), cuya doctrina en materia de plazos es aplicable también al procedimiento penal, establece que "cuando la presentación de escritos esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo".

A partir del jueves, el juez José Castro podrá decidir sobre este asunto. Precisamente, sobre la venta del palacete, el magistrado fue preguntado por los periodistas sobre si es factible esta operación inmobiliaria, a lo que se limitó a responder: "Lo tengo que ver".

Para la consolidación del acuerdo de venta, cifrado en más de seis millones de euros, la vía natural es recibir el permiso de Castro puesto que el inmueble fue embargado en lo que respecta al 50 por ciento propiedad de Urdangarin al no haber hecho frente a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres.

Por otro lado, el magistrado ha dictado un auto en el que da cuenta del aval por valor de 152.000 euros presentado por la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, después de que Castro le impusiera esa fianza en el auto de apertura de juicio oral del caso para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su actuación.

El juez decretó el pago de hasta un total de 61,3 millones de euros en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, de los cuales 2,6 millones los exige a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fo