Actualizado el 03/02/2015 13:26 Compartir
Se establece una horquilla que va desde los 180 a los 240 créditos ECTS en los grados, en los que, como mínimo, se deberán impartir todos los contenidos que forman parte de las competencias básicas definidas para cada uno de los itinerarios académicos.
Con esta medida, el Gobierno pretende flexibilizar la oferta académica y facilitar la convergencia de los grados españoles con los itinerarios universitarios de "la mayoría de países europeos", con el objetivo de facilitar la movilidad.
A juicio del Ministro de Educación, José Ignacio Wert, una mayor semejanza de la estructura de los estudios facilitará tanto que estudiantes extranjeros acudan a realizar sus estudios a España como que los españoles puedan cursar estudios en otras universidades.
¿SUPONDRÁ MÁS GASTO PARA LAS FAMILIAS?
Algunos sindicatos de estudiantes han criticado esta reforma por entender que, si se pasa a tres años de grado y dos de máster, se incrementará el gasto de las familias ya que los posgrados tienen unas tasas más altas.
Gomendio ha rechazado estas críticas y ha asegurado que sólo un 20 por ciento de los estudiantes cursan másteres no obligatorios, un porcentaque que ha calificado como "muy pequeño". Además, ha explicado que no es obligatorio que los másteres pasen a ser de dos años.
Por otro lado, la secretaria de Estado también ha señalado que todos los estudiantes cuyos grados pasen a durar tres años en lugar de cuatro "no tendrán que pagar un año adicional", con el consiguiente ahorro que esto conllevará a las familias.
¿CUÁNDO SE IMPLANTARÁ ESTA MEDIDA?
Las universidades españolas podrán comenzar a hacer cambios a partir del próximo curso --septiembre de 2015-- y, según ha repetido Gomendio en varias ocasiones, no habrá fecha límite de adaptación: cada institución académica podrá acometer los cambios si quiere y cuando lo desee ya que "no existe fecha fija para la implantación de estos nuevos grados".
¿A QUÉ GRADOS AFECTARÁ?
Estos cambios no afectarán a todas las carreras universitarias que se cursan en España, sino que la flexibilización va dirigida únicamente a las profesiones no reguladas. Es decir, aquellas carreras que tienen normativas propias para la obtención del título (que están reguladas), permanecerán sujetas a las condiciones actuales.
Las profesiones reguladas en España --y que, por tanto, quedan exentas de la modificación-- se ubican, en su mayoría, en ramas del conocimiento de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, como medicina, veterinaria, farmacia, enfermería, podología y las ingenierías. Tampoco afectará a los másteres que habilitan para el ejercicio de profesiones, como el de Abogacía y el de Profesorado.
Lo que no se verá afectado del todo es el sistema para acceder a los estudios de doctorado: serán necesarios cinco años de estudios previos (entre grado y máster), lo que quiere decir haber cursado 300 créditos ECTS, como ocurre en el sistema actual.
CRÍTICAS A LA MODIFICACIÓN
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha rechazado esta reforma porque, a su parecer, sería "imprudente" cambiar el sistema de titulaciones universitarias cuando apenas han terminado sus estudios las primeras generaciones del Plan Bolonia y, es más, aún quedan estudiantes del plan anterior.
Además, los rectores dicen que no se han hecho estudios previos a la aprobación de la nueva normativa, y que ésta generará "caos" en las universidades y el proceso de reconocimiento de los títulos.
En términos parecidos se ha pronunciado el Consejo de Estado, que aconsejó al Gobierno aplazar la reforma ya que el actual sistema de grados se terminó de implantar en España en 2010, por lo que las primeras generaciones se graduaron en 2014.
"La falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España", indicaba el informe emitido por el Consejo de Estado, que pedía un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para lograr estabilidad.
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