Castro consulta a la Fiscalía y demás acusaciones sobre la petición de venta de Pedralbes

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y demás acusaciones del caso Nóos de los escritos presentados este martes por los Duques de Palma, con los que solicitan autorización de cara a la venta de la vivienda que poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes.

Mediante una providencia dictada este miércoles, el juez consulta de este modo a las partes para que aleguen al respecto lo que estimen conveniente y, por otro lado, admite a trámite el recurso interpuesto por Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, contra la decisión del magistrado de no entregarle más dinero del que ya ha sido desbloqueado a su favor de una cuenta que le fue intervenida en Luxemburgo.

Precisamente, sobre la venta del palacete, Castro ha sido preguntado esta mañana por los periodistas a su llegada a los Juzgados de Vía Alemania y, sobre si es factible esta operación inmobiliaria, ha apuntado: "Lo tengo que ver".

Para la consolidación del acuerdo de venta, cifrado en más de seis millones de euros, la vía natural es recibir el permiso de Castro puesto que el inmueble fue embargado en lo que respecta al 50 por ciento propiedad de Urdangarin al no haber hecho frente a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres.

Por otro lado, el magistrado ha dictado un auto en el que da cuenta del aval por valor de 152.000 euros presentado por la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, después de que Castro le impusiera esa fianza en el auto de apertura de juicio oral del caso para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su actuación.

El juez decretó el pago de hasta un total de 61,3 millones de euros en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, de los cuales 2,6 millones los exige a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron Urdangarin y Torres en torno al Instituto Nóos.