Actualizado el 14/01/2015 14:59 Compartir
Los doce magistrados de la Sala Primera se han reunido en una sesión plenaria teniendo encima de la mesa dos demandas junto a los informes de la Fiscalía contrarios a su tramitación al considerar que no se acompañan del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Han rechazado admitir la demanda del español Alberto Solá, que decía que la inviolabilidad del Rey no afecta a las conductas privadas que realizó cuando no era jefe de Estado.
Solá, que asegura ser el primogénito de don Juan Carlos, presentó en junio la Audiencia de Madrid una demanda acompañada de una prueba de ADN con una "fiabilidad superior al 99,9 por ciento". La Audiencia Provincial remitió la causa al Supremo tras la abdicación de don Juan Carlos como jefe de Estado.
El abogado de Solá, Francesc Bueno, pedía que si esta prueba no es admitida se realice otra y se llame a declarar como testigo al perito que ha analizado su fiabilidad. El fiscal José María Paz la calificó como una "mera hipótesis", que no aporta el principio de prueba de filiación que exige la ley.
Solá defiende que el rey Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Solá, nacido en Barcelona en 1956, fue criado en una familia adoptiva. Su abogado mantiene que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado.
DEMANDA DE UNA CIUDADANA BELGA
Por su parte, la defensa de la ciudadana belga Ingrid Sartiau aportó al Supremo una carta remitida a la Casa Real el 24 de abril de 2013 en la que esta mujer lamenta haber acudido a la vía judicial para solventar su filiación paterna y afirma haber sido presionada por Solá "y por los medios".
"Y por eso no hay ninguna base para admitir la demanda, porque si Ingrid Jeanne Sartiau no es hermana de padre de Alberto Solá Jiménez ¿qué demanda admitimos? La de Ingrid o la de Alberto, y la consecuencia lógica es que ninguna de las dos, pues no aportan ninguna el principio de prueba exigido por el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil", concluye la Fiscalía.
La Sección número 24 de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar en septiembre una vista en la que iba a deliberar sobre el recurso de apelación presentado por el abogado de Solá, Francesc Bueno, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 34 de archivar este caso por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba al entonces jefe del Estado español.
El abogado amplió sus alegaciones tras la abdicación de don Juan Carlos y la Audiencia de Madrid elevó la causa al Tribunal Supremo tras los "términos rotundos" de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos "inmediatamente" al alto tribunal.
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