Dimite el fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado hoy su renuncia al cargo, alegando motivos personales. Según han comunicado fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado su intención es volver a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional.

Los rumores sobre la inminente renuncia, que ya a ha comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se dispararon ayer por la tarde después de que Torres-Dulce retirará sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los Fiscales.

El enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos "Bolinaga" y "Matas".

"No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito", ha afirmado, para añadir: "Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo".

El fiscal general hizo públicas el pasado 26 de noviembre en sede parlamentaria sus diferencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante una comparecencia en la que llevaba concienzudamente preparada su respuesta ante las tensiones evidenciadas por la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunirá el próximo 8 de enero para valorar la idoneidad del candidato a ocupar el cargo de fiscal general del Estado.