El GEN denuncia ante la Fiscalía de Cataluña las prospecciones ilegales de 2013 en aguas baleares

El Grup d'Estudis de la Naturalesa, GEN-GOB, ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Cataluña las prospecciones sísmicas que, de manera irregular, se llevaron a cabo el pasado año en el mar balear, concretamente, al norte de la costa de Menorca, entre Baleares y la costa catalana.

Según han explicado los ecologistas en un comunicado, en la denuncia se hace referencia a un informe del jefe del servicio de Recursos Marinos de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern en el que se pone de manifiesto que, entre los meses de abril y julio de 2013, "en áreas libres del Golfo de León y en plena época de migración de los rocuales comunes, se realizaron sondeos de prospección sísmica con cañones de aire comprimido, mediante el sistema 'airguns', con cadencias de baja frecuencia e intervalos regulares de 10 segundos aproximadamente y que fueron audibles en todo el mar balear".

Los ecologistas también hacen referencia en su denuncia a algunas consideraciones de entidades científicas en las que se explica que se pudo identificar claramente el sonido de las detonaciones provocadas por los 'airguns' durante el mes de julio de 2013.

En el escrito, el GEN ha señalado como responsable de las prospecciones a la compañía Seabird Exploration, que había solicitado realizar trabajos de investigación y operación sísmica 2D sobre un total de 1.176,4 kilómetros lineales.

Los ecologistas han recordado que esta petición no fue autorizada por el Ministerio, por lo que, según han indicado en el comunicado, "los sondeos sísmicos se habrían realizado sin ni siquiera haberse esperado a la formulación del informe preceptivo y vinculante de Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por lo que estos sondeos serían ilegales y constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".

Los ecologistas también han destacado que, de demostrarse la pasividad de las instituciones en relación a estas prospecciones, podría considerarse como delito.