Rivero anuncia acciones legales y penales contra funcionarios y autoridades por 'arbitrariedad' en prospecciones

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo va a emprender acciones legales y penales --si se derivara del caso--, contra funcionarios y autoridades políticas que han intervenido en los expedientes de prospecciones de Canarias, Baleares, Valencia y Málaga.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, ha dicho que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma contarán con "apoyo externo" para entablar estas acciones, en base al artículo 9.2 de la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad a los poderes públicos, y el propio Código Penal.

Rivero ha insistido en que "el trato" del Gobierno central a los expedientes de Canarias es de "rotunda y contundente arbitrariedad" en comparación con otros territorios de España, poniendo como ejemplo el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que desaconseja las prospecciones en el Golfo de Valencia.

Según el presidente, este informe "es la clave" ya que el medio marino "es importante" en Valencia, Baleares y Málaga y no en Canarias, y lo mismo ocurre con los cetáceos o las tortugas, pese a que en el archipiélago hay 29 variedades por 11 de Valencia, ha señalado.

Asimismo, ha criticado que se rechaza "rotundamente" la propuesta de impacto ambiental propuesta por la empresa Cairm Energy --titular de los sondeos-- y en Canarias, la de Repsol "es aceptada en un 100 por cien".

"Hay rotundas razones para concluir que hay una situación de abuso y discriminación clara, de arbitrariedad, y por tanto, vamos a exigir las responsabilidades correspondientes en las instancias judiciales", ha explicado.

El presidente ha dicho que se acude a la colaboración externa porque los servicios jurídicos de la Comunidad no cuentan con un perfil penalista, y para ello, ya se trabaja en conseguir la disponibilidad de un "prestigioso jurista" que ha sido magistrado y miembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Sobre el informe de la Dirección General, ha señalado que viene "radiando" lo que iba a ocurrir desde hace meses, que se venía "cocinando a fuego lento" una declaración de impacto ambiental negativa para resolver "un problema", especialmente en Baleares.

"El siguiente capítulo", ha comentado, es que la declaración de impacto se tendría que emitir antes del 10 de diciembre, pero "se alargará en el tiempo" hasta las próximas elecciones para que no haya "consecuencias electorales".

Para Rivero, "las presiones" que hay dentro del PP hacen que lo que es "malo" para Baleares es "bueno" para Canarias, ya que la relación entre el Ministerio y la empresa autorizada para hacer prospecciones en el Golfo de Valencia es "menos intensa" que con Repsol.

LA EMPRESA "YA HA HECHO EL NEGOCIO"

Pase lo que pase el próximo viernes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se reúne para deliberar sobre la suspensión cautelar de las prospecciones, Rivero ha afirmado que Repsol "ya ha hecho el negocio" aunque no encuentre petróleo, debido a la rebaja en el Impuesto de Sociedades para 2015.

Asimismo, ha insistido en que este proyecto "no es estratégico" para la empresa, lo mismo que para los otros accionistas, Sacyr y la Caixa, y cree que lo más "razonable" es que se suspendan los sondeos porque puede haber "daños irreversibles" al medio ambiente en Canarias.

Además, en caso de que hubiera una petición de indemnización, ha aseverado que le correspondería al Estado, que es el "responsable" de este "desaguisado". Para Rivero, las prospecciones en Canarias son una "barbaridad", y por ello, no entiende su "cabezonería" por llevar adelante un expediente "delicado" y de "gran trascendencia" ambiental, política y social.