El Ministerio de Justicia comunica que sólo dos de los veinte imputados del caso Noos tiene antecedentes penales

El Ministerio de Justicia ha comunicado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que sólo dos de los veinte imputados de la causa cuenta con antecedentes penales: el expresidente del Govern Jaume Matas, y el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, según los datos del Registro Central de Penados a los que ha tenido acceso Europa Press.

El departamento dirigido por Rafael Catalá ha respondido de este modo a la petición que el juez Castro cursó el pasado 25 de junio -cuando puso fin a la instrucción del caso Nóos-, con el objetivo de que las acusaciones del caso puedan calcular sus peticiones de pena teniendo en cuenta si los encausados han reincidido o no en sus actuaciones delictivas.

En el caso de Matas, el Ministerio confirma la condena de nueve meses de cárcel, multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación que le fue impuesta, por un delito de tráfico de influencias, en el primer juicio del caso Palma Arena, en el que fue juzgado por los pagos irregulares abonados con fondos públicos al periodista que redactaba sus discursos.

Por su parte, Bonet fue condenado a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación tras reconocer haber desviado hasta 95.536 euros del Ibatur a las cuentas de varios familiares durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007). Más en concreto, los delitos que pesan sobre el exalto cargo son los de malversación de caudales públicos y falsificación de documento público.

En cuanto al resto de encausados, entre quienes se encuentran la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres, y la mujer de éste, Ana María Tejeiro, el Registro Central de Penados arroja la misma conclusión: "No se han identificado resultados", de modo que en su base de datos no consta que estos 18 imputados cuenten con antecedentes.

LOS VEINTE IMPUTADOS DE LA CAUSA

A nivel balear, además de Matas y Bonet, imputados por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, se encuentran encausados por los mismos delitos el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal y el del Ibatur, Juan Carlos Alía.

En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, están imputados el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el exsecretario de Turismo Luis Lobón, los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.

En Madrid, se encuentran encausados la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen -prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias-, así como el exdirector financiero de Madrid 16 Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa. También está imputado el supuesto creador de una estructura para poder desviar fondos al extranjero, Salvador Trinxet.

Entre el 3 y el 9 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones del caso Nóos deberán presentar su escrito de calificación provisional, en el que determinarán definitivamente quiénes de los veinte imputados de la causa deberán sentarse en el banquillo de los acusados y qué penas solicitan para ellos.

Además del Ministerio Público, también son acusaciones en la causa la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, Manos Limpias, PP balear, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia. En sus escritos, las acusaciones podrán pedir la apertura de juicio oral -que Castro deberá acordar en próximas semanas mediante un auto que ya no será recurrible-, la práctica de diligencias complementarias o el archivo de las investigaciones.

LA APLICACIÓN O NO DE LA DOCTRINA BOTÍN, EN MANOS DE CASTRO

En el caso de la Infanta, Castro tendrá en sus manos, una vez presentados los escritos de acusación, la decisión de enviar o no a juicio a la Duquesa. Para ello, tendrá que resolver si aplica o no la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

Hasta el momento, ni Ministerio Público ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI. De este modo, será en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos donde el magistrado resuelva enviar a la Duquesa de Palma al banquillo de los acusados por dos presuntos delitos fiscales o, por el contrario, archivar definitivamente su encausamiento.