El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Tratados que controlará los acuerdos internacionales de las CCAA

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves el proyecto de Ley de Tratados, cuya principal novedad reside en que obligará a las Comunidades Autónomas a informar previamente al Gobierno de los acuerdos internacionales que pretendan firmar, aunque no introducirá sanciones en caso de incumplimiento.

La Cámara Baja ha votado exclusivamente las enmiendas que se incorporaron al texto durante su trámite en el Senado. Se han mostrado a favor de la incorporación de estos cambios, fundamentalmente de tipo técnico, PP, PSOE, CiU, UPyD, Coalición Canaria y Foro. Han votado en contra PNV y BNG y se han abstenido la Izquierda Plural, Compromís y ERC.

La Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales es la segunda iniciativa legislativa que parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde que José Manuel García-Margallo dirige el departamento, tras la Ley de la Acción y del Servicio Exteriormente del Estado, que ya está en vigor.

Esta nueva norma --que sustituirá a un decreto preconstitucional del año 1972-- pretende llevar un control de todos los acuerdos internacionales que firmen las Comunidades Autónomas, que deberán informar a Exteriores de los proyectos de acuerdos internacionales que tengan intención de rubricar, con carácter previo a su firma.

La Asesoría Jurídica del Ministerio dictaminará si ese acuerdo responde efectivamente al modelo de convenio que las CCAA están autorizadas a firmar o si, por el contrario, debería adoptar la forma de un tratado internacional, que solo puede suscribir el Gobierno.

SE EXCLUYEN SANCIONES

No obstante, la ley no prevé ningún tipo de sanción en caso de que alguna CCAA o ente local no informe con carácter previo de los acuerdos internacionales que firme.

Aquellas propuestas de acuerdos que conlleven compromisos financieros serán remitidos, dice el proyecto de ley, al Ministerio de Hacienda para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos.

La norma regula los tres tipos de acuerdos internacionales existentes en la práctica española: tratados --que solo puede firmar el Estado como sujeto de derecho internacional--, acuerdos internacionales administrativos, que ejecutan o concretan los tratados y que podrán suscribir otros sujetos como las comunidades autónomas y los memorandos de entendimiento, que son en realidad declaraciones de intenciones que no deberían implicar obligaciones y que también pueden suscribir las autonomías.

Aunque deja claro que los tratados internacionales son competencia del Gobierno, el proyecto de ley establece que las autonomías deberán ser informadas de la firma de aquellos tratados que afecten a sus competencias, podrán instar al Estado a que celebre tratados en aquellos asuntos que sean de su interés y podrán formar parte de la delegación nacional que celebre estos tratados.